Grupo de Puebla: condena a Rafael Correa busca proscribir su candidatura en Ecuador

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El Grupo de Puebla, integrado por líderes progresistas de América Latina y España, rechazó la condena de ocho años de prisión que los tribunales ecuatorianos impusieron al expresidente Rafael Correa por presunta corrupción, y consideró que forma parte de una estrategia para proscribir su candidatura en las elecciones generales del próximo año.

"La justicia no puede ser usada como el brazo político de una élite", aseguró la organización en un comunicado en el que se denuncia que Correa es víctima de 'lawfare', la práctica judicial impulsada por la derecha en la región para perseguir a dirigentes opositores, a través de procesos ilegales que permitan la inhabilitación de nuevas candidaturas políticas.

El grupo recalca que el 'lawfare' es un mecanismo "extensamente usado" por grupos políticos e instituciones para anular y perseguir a sus opositores, tal y como ya se hizo contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, y la expresidenta y actual vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner.

Tras conocerse la noticia ayer, el abogado de Correa asegura que, pese a la sentencia que contra el exmandatario por delito de cohecho, él irá a Ecuador para participar en elecciones 2021.

“La opción de venir a Ecuador a fin de año para la campaña política está firme, es la decisión principal que él ha tomado desde el inicio de estos procesos y no la cambia la sentencia de hoy”, declaró Fausto Jarrín, abogado del expresidente.

Correa y a varios funcionarios de su administración fueron imputados por el supuesto delito de “cohecho agravado” en el marco del caso “Sobornos 2012-2016 (años del mandato de Correa)”.

Además de la pena a prisión, la condena contempla la invalidación para ocupar cargos públicos durante 25 años, el pago de daños y perjuicios, y la colocación de una placa en el edificio de la Presidencia de la República pidiendo disculpas públicas, como reparación integral.

Jarrín, sobre la sentencia a Correa, comentó que imposibilitar al exmandatario de sus “derechos democráticos” requiere de una “sentencia ejecutoriada” que está “muy lejos de conseguirse” y, a la pregunta sobre la posibilidad de que sea detenido y enviado a prisión cuando llegue a Ecuador, respondió que ya están previstas las acciones que realizará la defensa.