Perú: Destituyen a fiscal que intentó bloquear corte electoral
Pueden prohibirle salir del país mientras esté en proceso de investigación como presunto integrante de una red de corrupción judicial.
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Perú: Destituyen a fiscal que intentó bloquear corte electoral
La Junta Nacional de Justicia (JNJ), que supervisa a jueces y fiscales, resolvió cesar al hasta ahora fiscal supremo Luis Arce Córdova, como sanción por actividades ilícitas cuando representaba al Ministerio Público en el JNE.
El sancionado ganó notoriedad el mes anterior al abandonar su cargo de representante del Ministerio Público en el JNE, al cuestionar a este con los mismos argumentos de la candidata presidencial Keiko Fujimori.
Con su deserción, Arce paralizó a la corte al dejarla sin quórum para continuar ventilando reclamos fujimoristas, a la postre desestimados por carencia de sustento legal, pero fue prontamente reemplazado por otro delegado del Ministerio Público.
El fiscal quedó a punto de prohibírsele salir del país mientras es investigado por posible enriquecimiento ilícito. Mientras, la Fiscalía también pidió en una audiencia judicial la prohibición de salida en los próximos 18 meses, por que se le sigue un proceso como presunto integrante de una red de corrupción judicial.
La red tenía entre sus integrantes a un juez de la Corte Suprema, un fiscal que llegó a ser titular del Ministerio Público y otros magistrados dedicados al intercambio de favores y a recibir sobornos a cambio de fallos judiciales.
Escuchas telefónicas verificaron que el ex juez supremo César Hinostroza había pedido a Arce que favorezca a políticos recomendados, en dos procesos que se ventilaban en la justicia electoral.
Arce es investigado por un cuantioso desbalance patrimonial (tiene más propiedades que las que podría adquirir con sus ingresos legales), lo que plantea la posibilidad de enriquecimiento ilícito.
Entre los antecedentes figura su papel como presidente de la sala de la Corte Suprema que absolvió a todos los procesados por el caso Petroaudios.
Así se conoce a uno de los mayores casos de corrupción registrados bajo el último gobierno de Alan García (2006-11), consistente en una red de funcionarios y políticos afines al Ejecutivo que usaban contactos e influencias para facilitar contratos con el Estado.
García se suicidó en abril de 2019 cuando estaba a punto de ser detenido por otros casos de presunta corrupción.
