Desigualdad social y arbitrariedad judicial definen el modelo de Perú
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Al Mayadeen Español
- Hoy 16:39
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Desigualdad social y arbitrariedad judicial se entrelazan en el modelo neoliberal peruano que limita derechos y participación política.
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Perú: modelo económico y cuestionamientos al sistema judicial
Desde los últimos 25 años, Perú mantiene una tasa de crecimiento económico entre el tres y el cinco por ciento, con estabilidad en el valor de su moneda nacional frente a otras divisas de la región.
El modelo económico vigente reduce la participación del Estado y otorga exoneraciones tributarias a empresas que prometen “crear empleos”.
Sin embargo, los indicadores sociales muestran un panorama complejo: el 52 por ciento de la población vive en inseguridad alimentaria y el 43 por ciento de los menores de un año sufren anemia.
Asimismo, cerca del 75 por ciento de la economía es informal, lo que limita el acceso de los trabajadores a derechos laborales.
En tanto, el 40 por ciento del territorio nacional está concesionado al sector privado, generando debates sobre soberanía y distribución de recursos.
Las cifras reflejan las contradicciones de un modelo neoliberal que no logra traducirse en mejoras sostenibles para la mayoría de la población.
En el ámbito político y judicial, se plantean cuestionamientos por el uso recurrente de la figura de “afiliación a organización terrorista” contra opositores.
Dicha práctica no solo implica consecuencias penales, sino también la intervención de fuerzas policiales y militares, lo que genera preocupación sobre el alcance de la represión institucional.
Una serie de procesos judiciales son ejemplo de esta tendencia. El denominado “caso Perseo” estableció una jurisprudencia que permite condenar a personas por supuesta pertenencia a organizaciones terroristas, incluso sin pruebas de actos violentos.
Bajo este marco, integrantes del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (MOVADEF) recibieron condenas de entre 15 y 20 años de prisión, pese a que la agrupación buscaba participar en la vida política sin recurrir a la lucha armada.
El congresista Guillermo Bermejo también fue procesado bajo esta figura. Tras haber sido absuelto en dos ocasiones, finalmente fue condenado a 15 años de cárcel por “afiliación a organización terrorista”, sin que se le atribuyeran acciones concretas de violencia.
Ante un escenario marcado por la politización de la justicia peruana, la ex primera ministra Betssy Chávez, procesada junto al expresidente Pedro Castillo y Aníbal Torres por presunta rebelión, permaneció dos años en prisión preventiva antes de solicitar asilo en México.
Chávez denunció irregularidades en su proceso y realizó una huelga de hambre para exigir garantías, logrando continuar el juicio en libertad. Ante una condena inminente, decidió no someterse a lo que calificó como arbitrariedad judicial.
Estos casos han intensificado el debate sobre la politización de la justicia y el uso de mecanismos legales para limitar la participación de sectores opositores en la vida pública, en un contexto marcado por profundas desigualdades sociales.
