Oposición chilena acuerda juicio político contra Piñera por investigación Pandora Papers
El mandatario infringió el principio de probidad establecido en la constitución y comprometió gravemente el honor de la patria.
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Oposición chilena acuerda juicio político contra Piñera por investigación Pandora Papers
El presidente Sebastián Piñera, será acusado constitucionalmente en la Cámara de Diputados por acuerdo de las bancadas opositoras tras las revelaciones de la investigación Papeles de Pandora sobre sus negocios en paraísos fiscales.
El mandatario y su familia aparecen en los documentos filtrados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), en colaboración con los medios chilenos Ciper y LaBot, donde se dice que 2010 vendieron acciones del proyecto minero Dominga por 152 millones de dólares a su amigo y empresario Carlos Alberto Délano.
También se conoció que parte de esa transacción se hizo en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas y el pago debía efectuarse en tres cuotas, la última de las cuáles estaba condicionada a que la zona del yacimiento no fuera declarada como área de protección ambiental.
Tras las denuncias por conflicto de interés y evasión de impuestos contra el mandatario, el jefe del bloque del Partido Socialista, Jaime Naranjo, declaró que Piñera infringió el principio de probidad establecido en la constitución y comprometió gravemente el honor de la patria.
Para que el juicio político tenga efecto se requiere la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Como resultado, Piñera sería destituido o inhabilitado para ejercer cargos públicos, señala France 24.
Pero, la acusación también puede fracasar. Según una publicación del diario chileno La Tercera, la compraventa realizada por el mandatario revelada en los Pandora Papers ocurrió durante su primera administración (2010-2014). Al solicitar un juicio político se debe hacer mientras el presidente está aún en funciones o dentro de los seis meses posteriores al fin de su cargo.
Inmediatamente después de la publicación, el Ejecutivo negó cualquier conflicto de interés, argumentando que Piñera desconocía las operaciones de sus empresas.
“Los hechos mencionados en ese reportaje no son nuevos, fueron públicamente conocidos por los medios de comunicación en el año 2017 y además fueron investigados en profundidad por el Ministerio Público y resueltos por los tribunales de justicia”, señaló Piñera.
La Fiscalía de Chile también ha decido actuar en este caso y ordenó a la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público analizar la existencia de eventuales delitos tributarios, tráfico de influencias o negociación incompatible.
Mientras, el representante del Partido Comunista, Daniel Núñez, anunció que la acusación constitucional será presentada la próxima semana, con el objetivo de someterla a votación antes de las elecciones presidenciales del 21 de noviembre.
La decisión fue aprobada por representantes de los partidos que conforman las bancadas de la oposición Apruebo Dignidad (Frente Amplio, Partido Comunista y Federación Regionalista Verde Social), y Nuevo Pacto Social (Partidos Demócrata Cristiano, Socialista, Radical y Por la Democracia).
Sebastián Piñera es uno de los tres mandatarios latinoamericanos en funciones en ser investigado en los Pandora Papers. Junto a él, están salpicados por otros casos el ecuatoriano Guillermo Lasso y el dominicano Luis Abinader.
