Sebastián Piñera enfrenta juicio político por los Papeles de Pandora
El fiscal chileno dijo que comenzaría a investigar posibles acusaciones de corrupción relacionadas con el soborno, así como violaciones fiscales relacionadas con la venta.
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Sebastián Piñera enfrenta juicio político por los Papeles de Pandora.
Legisladores de la oposición chilena iniciaron el pasado miércoles un proceso de juicio político contra el presidente Sebastián Piñera por posibles irregularidades en la venta de una empresa minera luego de que surgieran nuevos detalles del acuerdo a partir de la investigación de Pandora Papers.
El fiscal chileno dijo que comenzaría a investigar posibles acusaciones de corrupción relacionadas con el soborno, así como violaciones fiscales relacionadas con la venta.
Entre ellos se encuentran documentos que describen la venta en 2010 de la mina Dominga, un importante proyecto de cobre y hierro en Chile. En ese momento, Piñera, un empresario multimillonario, se encontraba en el primer año de su primer mandato presidencial.
La investigación de Pandora Papers generó controversia en Chile. La venta fue revisada y rechazada previamente por los tribunales en 2017.
Jaime Naranjo, diputado del Partido Socialista y uno de los iniciadores del proceso de acusación, dijo que Piñera " ha infringido abiertamente la Constitución en relación al principio a la probidad y en segundo lugar por comprometer gravemente el honor de la nación".
Piñera negó las acusaciones y afirma que todos los detalles del contrato ya fueron revisados en el expediente y no se han identificado violaciones.
La controversia estalló antes de las elecciones presidenciales y legislativas de noviembre.
Según la ley chilena, el juicio político es discutido primero por una comisión parlamentaria de cinco miembros. Si decide iniciar el proceso, se lo lleva ante la Cámara de Diputados donde se necesitan 78 votos. Si la propuesta es apoyada por la mayoría de los miembros de la cámara baja, también debe ser votada en el Senado. Allí, para la renuncia del jefe de Estado, la acusación constitucional debe ser apoyada por dos tercios de los legisladores.
