El senador del Frente Amplio (FA), Charles Carrera, afirmó que la Ley de Urgente Consideración (LUC) paralizó al Parlamento porque el gobierno rehúye debates hasta después del referendo revocatorio de 135 artículos.

Carrera señaló críticamente que “no hay ningún proyecto de ley en consideración que sea determinante para la sociedad".

Para ejemplificarlo explicó que hay pedidos de informes que no se responden, las comisiones no tuvieron un trabajo fructífero, citaciones a ministros que se postergan largamente y propuestas sin discutir hasta que pase el referendo el 27 de marzo.

Recordó que la LUC es una ley que se impuso sin que las minorías ni las organizaciones sociales pudieran disentir.

En la bancada opositora se percibe que esos artículos de la LUC son los actos más contundentes, pero no los únicos. que entrañan retrocesos en materia de derechos ciudadanos consagrados.

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Fuentes del FA advirtieron que de triunfar el no, que dejaría intacta la LUC, estaría más despejado el camino para la coalición gobernante de derecha y parece más sabio esperar a ese momento que despilfarrar energías ahora.

Entre las polémicas propuestas oficialistas aplazadas se cita la de eliminar la obligatoriedad en las elecciones en la Universidad de la República y la Administración Nacional de Educación Primaria, que resta peso a la participación democrática en el proceso de enseñanza.

Otro debate pendiente en el Senado se refiere a crear un registro de personería jurídica de sindicatos que interfiere en su cobro de cuotas, y condena a la organización obrera a su inmovilidad, según advirtieron gremiales.

También desde la bancada gubernamental se procurará quitar por ley el deber del Estado de proveer viviendas y así allanar los conflictos y contiendas judiciales que el déficit habitacional genera en el país.

Más polémica será una trilogía de proyectos provenientes del partido Cabildo Abierto sobre “caducidad y reparación” de los años de dictadura, que se completa con el traslado a reclusión domiciliaria a prisiones mayores de 65 años de edad, para beneficiar así a condenados por crímenes de lesa humanidad bajo el terrorismo de Estado en Uruguay.