Estado de excepción facilita abuso estatal en El Salvador, señalan ONGs
Llaman al Gobierno de El Salvador para que cumpla con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
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Estado de excepción facilita abuso estatal en El Salvador, dicen ONG.
Varias decenas de organizaciones salvadoreñas e internacionales en un comunicado emitido este jueves caracterizaron la actual situación en El Salvador como de abuso de poder, uso excesivo de la fuerza por agentes policiales, acoso y vigilancia digital a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, esta medida supone una amenaza desproporcionada para la protección y goce de las libertades fundamentales.
La declaración denuncia que el Estado de excepción declarado por el presidente Nayib Bukele y avalado por la Asamblea Legislativa, controlada por el oficialismo, así como los ataques contra organizaciones y defensores en el contexto de tal régimen facilita los abusos estatales.
El comunicado reconoce que si bien el pasado fin de semana fue uno de los más violentos en El Salvador, pues al menos 80 personas fueron asesinadas en distintas partes del país, presuntamente por miembros de pandillas, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), rechazó esta situación y se solidarizó con las familias víctimas y comunidades, y con toda la población que sufre esta criminalidad.
Al mismo tiempo destacan que el Estado de excepción pone entre paréntesis el derecho de asociación y reunión, la intervención de comunicaciones privadas sin orden judicial, y más preocupante aun, derechos procesales básicos como a ser informado de las causas de la detención, a no ser obligado a declarar contra sí mismo, y a contar con la defensa técnica de un abogado/a, entre otros.
En ese sentido califica que en la actualidad El Salvador ya vive bajo un Gobierno que abusa de su poder, hace uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades, hay acoso y vigilancia a periodistas y defensores de derechos humanos.
De acuerdo al CEJIL, esta medida supone una amenaza desproporcionada para la protección y goce de las libertades fundamentales y denuncia, asimismo que el Gobierno de Nayib Bukele no ha cumplido con su deber de proteger la vida y la integridad física de las personas, pese al sostenido incremento del presupuesto invertido en seguridad pública.
Critican, por otra parte que, a pesar de la necesidad de generar un debate público sobre la actual situación de seguridad ciudadana, el Gobierno de El Salvador ha emprendido una campaña mediática contra organizaciones de la sociedad civil que incluye el hostigamiento directo desde las redes del propio presidente Nayib Bukele.
En definitiva, el comunicado insta a la comunidad internacional a continuar alertas y vigilantes ante la situación que se vive en El Salvador, especialmente frente a las medidas que se han tomado al amparo de esta declaración de excepción y que confirman los peligros que hemos denunciado en diversas oportunidades: detenciones masivas a jóvenes en situación de vulnerabilidad que no están sujetas a control judicial, registros indiscriminados a población en situación de pobreza y aislamiento e incomunicación indefinida de personas privadas de libertad, así como restricciones indebidas a sus derechos a la alimentación y salud.
