Paro Nacional expone militarización y represión estatal en Ecuador
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Al Mayadeen Español
- 8 Octubre 22:02
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El Gobierno de Noboa enfrenta acusaciones de terrorismo de Estado y violaciones a los derechos humanos durante el Paro Nacional.
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CONAIE lidera una movilización histórica contra el ajuste económico, el extractivismo y el autoritarismo gubernamental. (Foto: EFE)
El paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), en respuesta al Decreto Ejecutivo 126 que eliminó el subsidio al diésel, encendió una ola de movilizaciones que sacudió al país.
Según un artículo del analista Jorge Ernesto Corral Fierro publicado en el medio Rebelión, estos hechos configuraron un escenario de represión sistemática, criminalización de la protesta social y militarización de territorios indígenas.
Desde el inicio de las movilizaciones, el Gobierno de Daniel Noboa vinculó las protestas con el crimen organizado, el narcotráfico y la minería ilegal, etiquetándolas como “actos terroristas”.
Medios de comunicación corporativos reforzaron la narrativa al difundir noticias sobre decomisos de explosivos y caídas en el consumo de diésel en zonas como Imbabura, epicentro de la protesta.
⭕ #ParoNacional2025 | En el norte del país, comunidades indígenas de #Imbabura se movilizan hacia #Ibarra en una jornada de resistencia y dignidad.
— CONAIE (@CONAIE_Ecuador) October 8, 2025
Son 17 días de lucha por la vida y la justicia social: por la derogatoria del Decreto 126, contra la criminalización de la protesta… pic.twitter.com/44uMe7Z6YS
Uno de los hechos más graves reportados resultó la muerte del comunero Efraín Fuerez, presuntamente a manos de militares en Cotacachi.
Imágenes difundidas en redes sociales mostraron agresiones al cuerpo del fallecido, lo que generó indignación nacional y llamados a una investigación internacional.
Paralelamente, se denunciaron cortes de servicios básicos, incursiones nocturnas en comunidades indígenas y detenciones arbitrarias.
Asimismo, el traslado de la sede presidencial a Latacunga y de la vicepresidencia a Otavalo fue interpretado como parte de una estrategia de ocupación territorial.
En estos lugares, se reportaron operativos militares, allanamientos y presencia de tanquetas en zonas rurales.
Siempre dispuesto a colaborar con la justicia, no soy un terrorista. Pero exijo al poder judicial, de la misma forma, actos urgentes para investigar la muerte de Efraín Fuerez, la grave herida que dejó sin un ojo a Luis Agualongo en Bolívar, la compra de medios por un asambleísta… pic.twitter.com/zVrvP8B1HA
— Marlon Vargas S. (@MarlonVargasEc) October 6, 2025
Dirigentes indígenas como Leonidas Iza denunciaron vigilancia estatal, infiltración en medios comunitarios y persecución política.
El artículo también vinculó la represión con intereses mineros del entorno presidencial pues la familia de Noboa concentra parte del catastro minero nacional y, a través de la militarización, busca facilitar la expansión de proyectos extractivistas en territorios ancestrales.
Comunidades afectadas por la megaminería se sumaron al paro nacional, exigiendo el cese de la actividad extractiva y la ampliación de la frontera petrolera.
Mientras en el plano institucional, se denunció el uso reiterado de estados de excepción y la figura de “conflicto armado interno” como mecanismos para suspender derechos constitucionales.
Entre enero de 2023 y septiembre de 2025, se decretaron 15 estados de excepción. La Corte Constitucional declaró inconstitucional esta figura, pero el Ejecutivo continuó aplicándola bajo el argumento de “grave conmoción interna”.
La confrontación entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional se intensificó tras la declaración de inconstitucionalidad de tres leyes urgentes en materia económica.
Noboa convocó una marcha contra el tribunal, militarizó sus instalaciones y exhibió públicamente los rostros de los jueces, lo que provocó condenas de organismos internacionales como las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Por otra parte, el cierre del canal Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi y la convocatoria a un referéndum consultivo sobre la instauración de una Asamblea Constituyente fueron interpretados como intentos de desviar la atención del paro nacional y consolidar un régimen autoritario.
⭕ El pueblo ya decidió: a la consulta de Noboa le decimos NO.
— CONAIE (@CONAIE_Ecuador) October 5, 2025
Mientras el país enfrenta hambre, desempleo y hospitales sin medicinas, el Gobierno pretende gastar 60 millones de dólares en una consulta que busca eliminar derechos colectivos, laborales, de la naturaleza y la… pic.twitter.com/bxtlZZKwfT
La CONAIE respondió ampliando sus demandas, incluyendo el rechazo al referéndum y la defensa de los territorios indígenas.
El artículo concluyó con un llamado a la organización popular desde abajo, mediante asambleas solidarias y combativas que reinventen el paro como herramienta de resistencia democrática.
Según Corral Fierro, Ecuador atraviesa un momento de máximo peligro, en el que la violencia estatal busca aplicar una “solución final” contra la histórica lucha de los pueblos indígenas por una vida digna.
