ONU reporta casi un centenar de muertes en Haití por violencia local
Naciones Unidas alertó que pronostican que el conflicto entre bandas lejos de solucionarse en los próximos días se agudice, pues aseguran que los ataques son cada vez más organizados.
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Los grupos delincuenciales callejeros se han adueñado de muchas de las carreteras de la capital. (Foto: Reuters)
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos dio a conocer un informe donde contabiliza 934 personas muertas y decenas de heridos en Haití, en lo que va de 2022 por violencia entre pandillas locales, de ellas 234 han fallecido solo en Puerto Príncipe, la capital del país.
El documento también reseña que en los últimos días han recibido una gran cantidad de denuncias por violencia sexual.
El portavoz de la oficina, Jeremy Laucence, en donde puntualizó que los principales grupos en conflicto se denominan G-9 y G-PEP.
"Nos preocupa profundamente el empeoramiento de la situación de violencia en Puerto Príncipe y el aumento de los abusos", declaró Laurence, quien además exhortó a las autoridades de Haití a "garantizar que los derechos humanos sean protegidos y priorizados a la hora de responder a la crisis".
Ante la difícil realidad humanitaria que viven los habitantes del barrio Cité-Soleil, de la capital, en donde gran parte de la población se encuentra sin alimentos ni agua por encontrarse rodeados por el conflicto, el portavoz llamó a los sectores involucrados a “respetar la vida de todos los haitianos, muchos de ellos con niveles de pobreza extrema”.
Además, la oficina de la ONU alertó que pronostican que el conflicto entre bandas lejos de solucionarse en los próximos días se agudice, pues aseguran que los ataques son cada vez más organizados “incluyendo acciones simultáneas y coordinadas en varias zonas de la ciudad”.
La ONU llama a impedir el suministro de armas
En un informe anterior la ONU llamó a impedir el suministro de armas a las bandas criminales de Haití, además aprobó por unanimidad extender por un año el trabajo de la Oficina Integrada de Naciones Unidas en Haití (BINUG), con el objetivo de ofrecer apoyo a las instituciones tras la retirada de las fuerzas de paz.
La ONU "llama a los estados miembros a prohibir el suministro de armas pequeñas, ligeras y munición a actores no estatales que participan o apoyan la violencia de las pandillas, actividades criminales o abusos de los derechos humanos".
El texto exhorta también a que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, converse con el Gobierno haitiano, para que con el apoyo de otros países se encuentren estrategias que aporten soluciones a la guerra entre pandillas y la crisis humanitaria.
Denuncian complicidad del Estado
Sin embargo, organizaciones como la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH) han denunciado que el Gobierno es parte del conflicto y que promueve que la Policía Nacional haitiana se mantenga al margen de los enfrentamientos, utilizando el silencio como respuesta ante la situación de violencia.
Además, aseguran que la destrucción de casas con maquinaria pesada, los incendios y los ataques, son apoyados por la Presidencia del país encabezada por Ariel Henry quien asumió el poder luego del magnicidio de Jovenel Moise en el mes de julio del 2021.
La red ha declarado que el Ejecutivo utiliza las bandas armadas para mantener un clima de “terror” en el territorio y que para esto los abastecen de los suministros necesarios para realizar los ataques en los barrios, colocando como ejemplo que a través de la institución estatal del Centro Nacional de Equipamiento les fue proporcionado a los grupos armados “G-9 y a Fanmi e Alye maquinaria pesada para destruir casas y construir pasadizos” dentro de la barriada.
En abril del 2022 la crisis de seguridad se ha agravado luego que dos de las principales bandas armadas del país iniciaran una guerra por el control de diferentes barriadas ubicadas al norte de la capital de la nación.
El barrio de Nan Brooklyn, perteneciente a Cité Soleil en Puerto Príncipe, ha sido el más afectado pues la coalición de las bandas G-9 Y Fanmi e Alye, se han planteado como objetivo desalojar a la cabeza del grupo armado G-PEP, Gabriel Jean Pierre.
Los grupos delincuenciales callejeros se han adueñado de muchas de las carreteras de la capital, impidiendo el acceso a la ayuda humanitaria destinada para más de 3,8 millones de personas en el sur del territorio.
El corte de rutas también impide que los camiones encargados de hacer la distribución de combustible en las estaciones de servicio se puedan acercar a los puertos donde los barcos descargan los suministros, por lo que se profundiza la ya difícil escasez que presenta Haití desde hace más de tres años, generando protestas de los ciudadanos en las calles y el aumento de negocios informales que venden a más del doble el galón.
En la actualidad la nación atraviesa una crisis económica y de seguridad alimentaria en donde está pasando hambre casi la mitad de la población, unos 4,5 millones de personas, por lo que muchos optan por abandonar sus hogares y buscar asilo en el exterior.
