Enjuiciamiento para gobernador de Santa Cruz exigen los bolivianos
Luis Fernando Camacho fue aprehendido hoy por fuerzas policiales que lo trasladaron hasta la sede de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen en La Paz, capital del país.
Cientos de bolivianos están concentrados frente a la Fiscalía departamental de La Paz en demanda del enjuiciamiento del gobernador de la ciudad de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien fue aprehendido por fuerzas policiales.
De acuerdo con el abogado Aldo Michel, representante del Comité Impulsor de la Justica (CIJ) este es el momento para que el fiscal William Alávez y su equipo unan todos los procesos y denuncias contra Camacho y se le exija responsabilidad.
El gobernador es investigado por el delito de terrorismo por su participación activa en el golpe de Estado a Evo Morales, en noviembre del 2019, y la posterior juramentación de la presidenta de facto Jeanine Áñez.
En noviembre pasado, las autoridades esperaban tomar la declaración de Camacho en calidad de sindicado, pero se reprogramó la citación por el paro que organizó la oposición en Santa Cruz, del cual el gobernador fue uno de sus principales voceros.
Michel advirtió que los integrantes del CIJ y los cientos de paceños que se les unen estarán en las calles vigilantes para evitar que nuevamente la impunidad se posesione.
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La Fiscalía General descartó que la aprehensión de Camacho se trate de un secuestro, como denunciaron sectores de la oposición.
La orden de detención fue emitida en octubre y cuenta con el control jurisdiccional del Juez Décimo de Instrucción en lo Penal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, explica un documento entregado a la prensa.
El Ministerio Público informó que Camacho tiene pleno conocimiento de dicho proceso desde su inicio, en fecha 28 de noviembre de 2020, conforme dispone el ordenamiento jurídico boliviano, en referencia al expediente Golpe de Estado I.
Dentro de lo establecido en un debido proceso, las actuaciones cumplidas por la Policía Boliviana y el Ministerio Público se ajustan a lo previsto por el Artículo 226 de la Ley Número 1970.
En todo momento, se respetaron los derechos y garantías constitucionales del sujeto, así como las normas procesales aplicables al caso.