Xiomara Castro y su primer año de gestión en Honduras
Xiomara Castro, la primera mujer presidenta en la historia de Honduras, cumplió su primer año de gestión gubernamental entre logros y obstáculos que pusieron a prueba su compromiso con la refundación del país.
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Xiomara Castro, presidenta de Honduras.
Campañas mediáticas y en redes sociales enfrentó la mandataria Xiomara Castro antes de ser elegida en los comicios de 2021. Su gobierno apostó por desarrollar un sistema justo, democrático y socialista.
Con ese propósito, la jefa de Estado afrontó una profunda crisis económica, desigualdad, violencia y corrupción, males heredados tras 13 años de gobiernos neoliberales.
El deterioro de las finanzas públicas en todas las esferas gubernamentales, considerado como el más alto nivel de endeudamiento conocido en la historia hondureña, además de los más de seis millones de personas sometidas a la pobreza extrema, fueron otras de las problemáticas a enfrentar.
Según el analista político Mauricio Hernández, el primer año de gobierno fue difícil, pues la dictadura duró mucho tiempo y la dignataria trata de desmontar ese periodo de administraciones antidemocráticas.
En diálogo con Prensa Latina, Hernández se refirió a la batalla constante del ejecutivo por depurar todas las instituciones del Estado y colocar funcionarios que respondan a los intereses del pueblo.
Desde el ámbito social y político varias acciones marcan los primeros 365 días de gestión de la mandataria hondureña, cuyo propósito es devolver a la gente la dignidad arrebata.
Con esa perspectiva descuella entre las primeras promesas cumplidas la garantía del servicio eléctrico de manera gratuita a más de un millón de personas que viven en la pobreza y consumen menos de 150 kilowatts/mes.
Buscar opciones para garantizar una educación de calidad y sin costo a niños y jóvenes hondureños, además de subsidiar los precios de los combustibles, también formó parte de la agenda del gobierno del país centroamericano.
De igual modo, Xiomara Castro derogó, entre otras, la ley de empleo por horas que precarizó el trabajo y agudizó el tema de la pobreza, pues según datos oficiales, con dicha normativa implementada durante la administración de Porfirio Lobo (2010-2014), el nivel de penuria en Honduras pasó del 53 al 73 por ciento.
Otro de los logros resulta la implementación del programa Red Solidaria, el cual beneficia a unas 400 mil familias de más de dos mil aldeas del país, iniciativa calificada como integral.
También sobresale la firma –a mediados de diciembre pasado– de un memorándum de entendimiento con la Organización de Naciones Unidas para la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras.
Si bien la población hondureña celebra los resultados de la joven administración, desde su asunción el 27 de enero de 2022, existen asignaturas pendientes.
Entre ellas está la elección en el Congreso Nacional de 15 magistrados de los 45 presentados para conformar la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ), con la cual se aspira a eliminar de raíz el alto grado de impunidad y corrupción existente en el país.
Para el congresista Juan Barahona, la CSJ será electa para el pueblo hondureño y no para colores políticos.
A su juicio, el partido Libertad y Refundación (Libre) aspira a llegar a consensos con las demás bancadas y lograr tener ocho magistrados, incluida la presidencia del nuevo poder judicial.
Expertos consideraron el tema un paso fundamental para encaminar las reformas estructurales necesarias a fin de garantizar la independencia del sistema judicial hondureño.
De acuerdo con el analista político Alejandro Bonilla, la elección de la nueva CSJ es importante no solo para la soberanía nacional de Honduras, sino de Latinoamérica en este nuevo giro hacia la izquierda de algunos países de la región.
Por otra parte, resulta indispensable la lucha contra la violencia, fenómeno arraigado y latente hoy en la sociedad de la nación centroamericana.
A decir de la presidenta, en los últimos 13 años el pueblo fue víctima de la imposición de un cartel del narcotráfico desde el Estado mismo, lo cual permeó las instituciones policiales y militares y elevó la violencia, la extorsión y la formación de organizaciones criminales.
Modelo público-privado es excluyente, afirma presidenta de Honduras
En opinión de Xiomara Castro, el modelo público-privado implementado por los gobiernos neoliberales, es excluyente y está agotado.
Por medio de un mensaje a la nación trasmitido en la noche del lunes en cadena nacional de radio y televisión, Castro abogó por un sistema justo y democrático.
La exclusión del referido modelo se demuestra cuando el Estado no cuenta con recursos para atender a 4,5 millones de personas en extrema pobreza, con hambre y sin acceso a escuelas ni sistema de salud, precisó.
En su discurso, la gobernante informó sobre la remisión en los próximos días al Congreso Nacional, sin aumentar nuevos impuestos, una reforma de ley de justicia tributaria, dedicada a evitar los abusos de los regímenes de exoneraciones e instaurar un sistema progresivo y justo.
Al referirse a las acciones gubernamentales implementadas a favor del pueblo hondureño durante el primer año de su gestión, la jefa de Estado mencionó el control del valor del cambio de lempiras (moneda nacional), la contención de la inflación, así como un sólido crecimiento de la economía, superior al 4,1 por ciento, por encima del 3,5 promedio de las economías centroamericanas.
De igual modo, rechazó las derogaciones de varias normativas durante las administraciones anteriores implementadas en beneficio de las trasnacionales.
Castro resaltó la llamada Ley de Secretos de 2014, usada para ocultar acciones y medidas asumidas durante la presidencia de Juan Orlando Hernández, preso hoy en Estados Unidos.
Para la primera mujer presidenta de Honduras, su responsabilidad será siempre "la salvaguarda de nuestro territorio y la soberanía nacional".
