Tribunal francés verá pedido de gobernador de Banco Central libanés
La Cámara de Investigaciones de París analizará las solicitudes presentadas por Riad Salameh para recuperar más de diez propiedades y fondos congelados en Francia.
El Tribunal de Apelación de Francia considerará la validez de las incautaciones de una serie de propiedades inmobiliarias y fondos bancarios pertenecientes al Gobernador del Banco Central Libanés, Riad Salameh, bajo sospecha de acumular su riqueza en Europa malversando fondos públicos.
Investigadores europeos, entre ellos la jueza de instrucción francesa Aude Buresi, escucharon en audiencia celebrada en Beirut a mediados de marzo pasado a Salameh, quien afirma su inocencia desde la apertura del expediente en su contra.
Desde hace dos años se indaga en Líbano y en el extranjero por la riqueza de Salameh, sobre la cual hay varias sospechas, incluidas malversación de fondos, lavado de dinero y transferencias a cuentas en el exterior.
El gobernador niega las acusaciones y considera su enjuiciamiento como parte de una operación política y mediática para “manchar” su imagen.
Además, asegura el origen de su riqueza como fruto de su trabajo durante dos décadas en la institución financiera internacional Merrill Lynch, y de inversiones en muchos campos.
A fines de marzo pasado, Francia, Alemania y Luxemburgo anunciaron la congelación de 120 millones de euros de activos libaneses, luego de una investigación dirigida al directivo y cuatro de sus colaboradores cercanos, incluido su hermano Raja Salameh, por supuestos cargos de lavado de dinero y malversación de fondos públicos en Líbano por valor de más de 330 millones de dólares y cinco millones de euros, acumulados entre 2002 y 2021.
La cámara de instrucción de París analiza en estos momentos las solicitudes presentadas por el inculpado, quien solicitó recuperar más de diez propiedades y fondos congelados en Francia.
Entre los reclamos están apartamentos en el distrito XVI de París y en la avenida Champs-Elysees, así como en Reino Unido y Bélgica, además de varias cuentas bancarias.
Dentro de unas semanas se emitirá la decisión, luego de la discusión sobre estos activos, cuyo valor se estima en decenas de millones de euros.
La Fiscalía General solicitó la confirmación de las incautaciones, por temor a que Francia se vea privada de cualquier posibilidad de recuperar los bienes en caso de una futura condena judicial.
Una fuente familiarizada con el expediente consideró la apuesta del proceso como muy alta. Como el Líbano se niega a extraditar a sus ciudadanos y los juzga en su territorio si son condenados en el extranjero, apuntar al dinero de Salameh es el principal movimiento práctico posible en este expediente, estimó.
William Bourdon, representante en la demanda civil por la fiscalía, también hizo un llamado a la organización no gubernamental Sherpa y a la Asamblea de Víctimas de Prácticas Fraudulentas y Criminales en Líbano para confirmar la incautación de bienes y fondos.
Según dijo, las acusaciones están basadas en elementos de evidencia muy fuertes, por tanto ese llamado a levantar la mano es solo una batalla de retaguardia, y una operación de relaciones públicas.
Empresa en las Islas Vírgenes
La investigación judicial francesa, revelada por AFP, está en curso desde julio de 2021, en paralelo con otras europeas y libanesas contra Salameh.
Según documentos de la indagación vistos por la agencia de noticias, la malversación de fondos se basa principalmente en una empresa registrada en Islas Vírgenes en 2001 a nombre de la oficina Mossack Fonseca, descubierta a raíz de los escándalos de los Papeles de Panamá.
Los análisis se centran en la relación entre el Banco Central del Líbano y la empresa Fore Associates, con una oficina en Beirut, cuyo beneficiario económico es el hermano del gobernante del banco.
Según se cree, esta empresa desempeñó el papel de intermediario para comprar bonos del Tesoro de eurobonos del Banco Central. La comisión de suscripción se transfirió a cuentas en el extranjero propiedad de Raja Salameh, quien luego retransfirió más de 220 millones de dólares a varias cuentas personales en el Líbano, algunas de las cuales pertenecían a Riad Salameh.
Por su parte, Riad Salameh reconoció al poder judicial de su país en agosto de 2021 haber recibido dinero de su hermano para pagar una deuda de 15 millones de dólares, pendiente desde la década de 1990.
En fecha reciente, el poder judicial francés expresó su preocupación por los obstáculos, "más que difíciles, imposibles", par desarrollar su investigación, entre otras cosas porque Salameh, en su calidad de gobernador de la institución financiera, encabeza la Comisión Especial de Investigación, y es el único autorizado a levantar el secreto bancario.
En junio de 2022, una colaboradora cercana de él, Anna K, una ucraniana de 46 años, fue acusada de participar en complejos arreglos financieros para ocultar el origen de los fondos malversados por Riad Salameh.