El Consejo Constitucional de Francia desestimó una nueva solicitud de llevar a referendo la polémica ley de pensiones aprobada por el presidente Emmanuel Macron pese al rechazo popular, sin escuchar el criterio de la Asamblea Nacional y a espaldas de los trabajadores.

Según esa entidad, el nuevo proyecto no se refiere a una reforma relativa a la política social de la nación, en referencia al artículo 11 de la Constitución, el cual define el alcance de la votación popular.

Un grupo de 253 legisladores, en su mayoría de izquierdistas, socialistas, ecologistas y comunistas, promovió el proyecto para darle voz a la ciudadanía.

Tras conocer el resultado de las deliberaciones, el parlamentario por el partido La Francia Insumisa Louis Boyard, aseveró que la reforma de pensiones es una humillación para la nación gala y la democracia.

Por su parte, el Partido Socialista pidió devolverle la palabra al pueblo e intentar así sacar al país de la crisis social.

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El 14 de abril pasado el Consejo Constitucional negó una primera solicitud de consulta y dio luz verde al grueso de la polémica reforma jubilatoria, promulgada por Macron al día siguiente. 

Para pedir esta segunda solicitud de referendo, los legisladores agregaron la creación de un nuevo impuesto para financiar las pensiones, cuestión utilizada por el presidente francés para impulsar la normativa.

No obstante, en los debates sobre el texto se le propuso gravar las fortunas más ricas como vía para incrementar los ingresos.

Para el 6 de junio próximo los sindicatos del país convocaron otra jornada de movilizaciones contra la reforma jubilatoria.

La polémica medida retrasa la edad mínima de jubilación de los 62 a los 64 años e incrementa los requisitos para aspirar a recibir una pensión completa y debe entrar en vigor en septiembre entrante.