Connotada antichavista traiciona a Venezuela y aspira a ser presidenta
Muchos gobiernos prevén pena de muerte o cadena perpetua para quienes traicionan los intereses del pueblo. Venezuela sólo sancionó a inhabilitación política a la connotada antichavista, precursora de medidas de agobio económico, y aún quiere participar en las elecciones de 2024.
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Corina Machado traiciona a su país y reclama ser presidenta
Si un funcionario de Estados Unidos pidiera a una potencia extranjera organizar una expedición militar para lograr un “cambio de régimen” en Washington; o legitimara a un usurpador del poder sin mediar elecciones; o convocara al vandalismo en sus ciudades; o expropiara de cuantiosos recursos al Estado para facilitarlos a sus enemigos; la Justicia norteamericana no dudaría en aplicarle el Titulo 18, inciso 2381 del Código Penal, y condenarle a muerte, o a prisión perpetua, por el delito de Traición a la Patria.
Sobre el tema reflexionó el analista Atilio Borón en un artículo publicado en el diario argentino Página 12, en el cual empleó el Derecho comparado para destacar cómo en otros países de la región la ley es casi tan severa como la norteamericana con respecto a esa conducta, y aunque los años de condena pueden variar, todos los códigos complementan la medida punitiva con inhabilitación para ejercer cargos públicos, en especial una diputación o la presidencia del gobierno.
En ese contexto, afirma el experto, la justicia de Venezuela fue incluso benigna con María Corina Machado, a quien apenas le impuso una inhabilitación por quince años (menos de los que lleva en flagrantes actos de deslealtad a su pueblo), y por tanto no puede aspirar a ningún cargo en las elecciones generales de 2024 en la nación sudamericana, como insiste en reclamar.
Borón hizo un recorrido por las acciones sucias de Machado desde 2005, cuando pidió al presidente George W. Bush apoyo para acabar con el “régimen” de Hugo Chávez Frías; hasta su implicación en las 929 medidas coercitivas unilaterales aplicadas por la Casa Blanca contra el pueblo de Venezuela con la pretensión de minar el respaldo al gobierno bolivariano de Nicolás Maduro.
En la lista no faltan sus rejuegos en la OEA, el lobby antichavista en el Congreso yanqui, las diversas formaciones políticas y ONG con su sello hostil, de forma abierta o tras bambalinas, y otras manifestaciones de su intenso activismo en contra de su propia nación.
El artículo cuantifica además el efecto de las medidas aprobadas por Barack Obama en 2015 (bajo la justificación de emergencia nacional ante la “amenaza inusual y extraordinaria” que Venezuela representaba, nunca demostrada) y prorrogadas por Joe Biden bajo igual pretexto.
De escalofriante califica el analista el costo económico de esas sanciones: siete mil millones de dólares congelados en bancos; cinco mil millones retenidos en el Fondo Monetario Internacional; dos mil millones de dólares en 31 toneladas de oro depositadas en el Bank of England y confiscadas por el gobierno británico; 10 mil millones de dólares de Citgo Corp. confiscados por EE.UU más el saqueo de PdVSA.
Las cifras continúan: las exportaciones cayeron de 75 mil 762,8 millones de euros en 2012 a apenas tres mil cinco millones en 2021. Y el costo en vidas humanas en los dos primeros años de la administración Trump ascendió a 40 mil, según un estudio citado de Mark Weisbrot y Jeffrey Sachs.
En resumen, Corina Machado y sus compinches habrían sido sancionados en Estados Unidos con la pena capital o, al menos, con cadena perpetua e inhabilitación para ejercer cargos públicos, y lo mismo pasaría en otros países, como Argentina y Uruguay.
La justicia venezolana es benévola cuando ni siquiera priva de libertad por su conducta a la exdiputada, y sin embargo la prensa hegemónica latinoamericana “bate el parche” de la exclusión de la contienda electoral y procura respaldar a una persona que en cualquier otro país estaría en la cárcel hace tiempo, y tal vez en el pasillo de la muerte, remarcó Borón la ironía del caso.
