Europa prorroga seis meses exención humanitaria de sanciones a Siria
La Unión Europea decidió mantener la flexibilización de sus políticas hostiles hasta el 24 de febrero de 2024, aunque en la práctica esa medida no resuelve la grave situación del pueblo levantino.
La Unión Europea (UE) anunció una prórroga de la "exención humanitaria" de las sanciones impuestas a Siria, aprobada tras el desastre del terremoto del 6 de febrero último, para facilitar la entrega de ayuda internacional al país.
El Consejo Europeo (CE) decidió extender el período de gracia por otros seis meses, hasta el 24 de febrero de 2024.
Esto significa, en la práctica, no aplicar la congelación de activos o el embargo relacionado con la provisión de fondos y recursos económicos a individuos y entidades inscritos en la lista de sanciones, lo cual debe facilitar las operaciones de organizaciones internacionales y "categorías específicas" de actores involucrados en acciones humanitarias en la nación levantina.
El comunicado del CE expresó "profunda preocupación" por el continuo sufrimiento de los civiles, y destacó que las sanciones europeas contra Damasco no detienen la exportación de alimentos, medicamentos o equipos médicos para su población.
Un terremoto de magnitud 7,8 sacudió el sureste de Turquía y el norte de Siria el 6 de febrero de este año, el más fuerte desde 1939, y luego fue seguido por un gran número de réplicas en varias provincias y países vecinos.
Tras el desastre natural, varios países a título individual y la UE anunciaron un alivio temporal de las sanciones, para agilizar la entrega de ayuda humanitaria a las zonas afectadas.
Sin embargo, la cancillería siria calificó de "propaganda de los medios" las excepciones decretadas, para ocultar la verdad de sus políticas criminales, porque en la práctica no lograron un efecto mejorador en estos seis meses ante el reto de reconstruir el país.
Siria está sujeta a sanciones europeas y estadounidenses, lo cual complica la concesión de contribuciones de cualquier origen. La lista incluye 291 personas naturales y 70 entidades, acusadas de financiar al "régimen" de Basher Al Assad mediante negocios ilícitos.