El Ministerio del Interior de Francia modificó la prohibición administrativa de entrada al territorio para evitar a los ciudadanos extranjeros manifestarse dentro del país.

Esa medida fue impuesta originalmente contra grupos terroristas y, según los críticos, ahora el gobierno la amplió a activistas extranjeros ambientales y radicales.

A finales de marzo, un grupo de ecologistas suizos acudió a Saint-Saulin, en el centro-oeste francés, para participar en protestas contra el proyecto de cuencas gigantes para capturar reservas de agua subterránea.

La invitación la formuló el grupo ecologista Earth Uprisings, disuelto luego por el Palacio del Eliseo. 

Otro grupo de activistas fue arrestado el jueves último cuando intentó entrar al país. De acuerdo con el testimonio de uno de los implicados, cuando presentó su identidad a los gendarmes, le declinaron el acceso a suelo francés pues su presencia constituiría una amenaza.

El ciudadano, de origen Suizo, pasó cuatro noches en la cárcel sin que le ofrecieran más detalles y posteriormente lo entregaron a la policía de su país.

La acción se basó en una ley antiterrorista de noviembre de 2014, la cual estaba dirigida a insurgentes extranjeros.

A principios de junio, el ministro del Interior, Gerald Darmanin, anunció en Twitter 17 prohibiciones en París contra elementos de extrema izquierda procedentes del extranjero, una actividad antifascista, de acuerdo con expertos.

Dos semanas después, el titular anunció la devolución de 96 ciudadanos extranjeros conocidos por los servicios de seguridad en la frontera poco antes de una manifestación contra la línea de tren de alta velocidad entre Lyon y Turín.

Francia vive sus peores escenas de violencia desde el 28 de junio de 2005, tras el asesinato a tiros por un policía a Nael Marzouki, de 17 años, de ascendencia argelina.