República Dominicana y su esfuerzo por reducir la delincuencia
El tema tiene la máxima prioridad para las autoridades del país y se chequea con sistematicidad, aseguró a la prensa local el ministro de la Presidencia, Joel Santos.
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ministro de la Presidencia de República Dominicana, Joel Santos
En República Dominicana, los esfuerzos para reducir la delincuencia debe ser un trabajo de todos los días, recalcó el ministro de la Presidencia, Joel Santos.
Mientras más operativos realicen en una zona, mayores son los resultados, aseguró en la reunión semanal de chequeo del plan de seguridad ciudadana, en el Palacio de la Policía Nacional.
Este encuentro semanal es encabezado por el presidente dominicano, Luis Abinader, quien decidió tomar el asunto bajo su vigilancia estrecha, por las repercusiones en la seguridad social, política y económica del país.
En esta ocasión realizaron un análisis detallado por provincias de todas las situaciones de delincuencia reportadas en los últimos siete días, y compartieron con la prensa local los avances en la lucha contra la inseguridad ciudadana, la reforma policial y las acciones dirigidas a mejorar las condiciones de vida de los agentes del orden.
La tasa de homicidios en República Dominicana es de 13,7 por cada cien mil habitantes. Según estadísticas oficiales, en los primeros meses de 2023 ocurrieron 610 homicidios, 44 más que en el mismo período del 2022.
Un dato alarmante comentado por Diario Libre sobre el tema es que el 57 por ciento de los homcidios y femicidios en esa nación antillana empobrecida responden a conflictos de convivencia, lo cual supera las cifras de crímenes asociados al tráfico de drogas o el control territorial de bandas.
En particular, cada semana se reporta la muerte de al menos dos mujeres a manos de sus parejas o exparejas, y en muchos casos esos hombres tenían restricciones formales para acercarse a sus víctimas.
También hay reportes de violencia xenófoba contra los ciudadanos haitianos (cerca de 600 mil, según las asociaciones de migrantes), con prácticas discriminatorias en la frontera y negación de sus derechos a recibir asistencia de salud.
