Las críticas a la creación de un nuevo cuerpo policial con licenciados de las Fuerzas Armadas cobraron fuerza en Perú pese a los esfuerzos gubernamentales de lograr aceptación para el proyecto.
 
Las objeciones crecen pese a declaraciones del primer ministro, Alberto Otárola; y el titular del Interior, Vicente Romero, sobre la forma de cubrir el déficit de entre 40 mil y 50 mil policías con jóvenes que terminen su servicio militar voluntario y reciban seis meses de preparación.

Pese a los señalamientos provenientes de entendidos en seguridad Romero afirmó la convocatoria a los exsoldados será lanzada en cuanto el Parlamento apruebe la ley.

Los integrantes del nuevo cuerpo policial solo cumplirán tareas de prevención de los delitos de robo, hurto y vandalismo.

Según el exviceministro de Seguridad Pública Ricardo Valdés el Gobierno intenta crear el equivalente de vigilantes de los municipios, pero con armas, con patrullas y motos, con autoridad para perseguir y eventualmente matar a presuntos delincuentes.

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Desde la extrema derecha, el exministro de Interior Fernando Rospigliosi calificó el proyecto anunciado el sábado último por la presidenta Dina Boluarte como pésimo, desastroso y podría empeorar muchísimo la situación.

Añadió permite integrarse al nuevo cuerpo policial a quienes no pudieron calificar para ingresar a la actual escuela de agentes.

Para Stefano Miranda, jurista especializado en temas policiales, es anticonstitucional y con una idea “de personas que intentan experimentar con la Policía Nacional y sus funciones, un proyecto de ley populista pero nada serio ni técnico”.

Para el abogado César Bazán es engañoso pues plantea dortar de más personal a la Policía, pero “en desmedro de la calidad y profesionalidad”, con el agravante de dotarlos de armamento.

Consideraron aceptable la idea los exministros del Interior Carlos Morán, exgeneral de Policía; y Rubén Vargas, aunque el primero dijo debe debatirse y el segundo señaló hizo énfasis en cuidar la selección y la preparación de los nuevos policías.

Entregar el uniforme y un arma de fuego a policías no adecuadamente formados estaría creando una bomba de tiempo, señaló Vargas.