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Por primera vez en Colombia, un general de la República confiesa los crímenes de lesa humanidad cometidos en pasados gobiernos y el asesinato sistemático de miles de jóvenes inocentes, resaltó el presidente Gustavo Petro.
 
De esa forma el gobernante valoró la audiencia de "Reconocimiento de verdad por asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate en Casanare", en el marco del Caso 03, a cargo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

"Ni en las peores dictaduras militares de América Latina llegaron a este punto y a tal volumen de asesinatos", expresó el jefe de Estado en su perfil en la red X, en respuesta a quienes intentaron justificar el horrendo crimen.

Para Petro, la verdad y la reconciliación, tienen un proceso histórico por delante, las garantías de no repetición se logran no solo con cambios institucionales, sino con transformaciones de la misma sociedad, con garantías plenas y actuales de los derechos fundamentales de las personas, individuales y colectivos.

Ese es el sentido de las reformas presentadas por el gobierno al Congreso: lograr garantías de derechos universales en el trabajo, en la educación, en la salud, en los servicios públicos, apuntó.

Al mismo tiempo, "el objetivo que debe tener un gran Acuerdo Nacional", enfatizó el mandatario al referirse a su llamado para transformar el país azotado por conflictos armados internos y alcanzar la paz total.

El general retirado Henry Torres Escalante, excomandante de la Brigada 16 del Ejército Nacional, reconoció su participación en ejecuciones extrajudiciales, caso conocido como "Falsos positivos", perpetradas por la unidad dirigida por él, entre el 10 de diciembre de 2005 y el 8 de junio de 2007.

Según aceptó el militar, tenía el poder para detener esas atrocidades y no lo hizo. "Por el contrario, las facilité, premití y estimulé se siguieran cometiendo", confesó, y pidió perdón a las víctimas por todo el daño causado.

Estos crímenes fueron resultado de presiones permanentes del alto mando, interesado en dar prioridad a las muertes en combate por sobre las capturas, aseguró Torres Escalante en la audiencia realizada con la presencia de familiares de las personas asesinadas.

El excomandante aseveró que las presiones venían desde el comandante del Ejército, general Mario Montoya; de la IV División, y encaminaban a lograr objetivos operacionales a toda costa, despreciando el carácter humano de las víctimas.

La JEP lo señaló por haber impulsado el plan criminal, a partir de sus órdenes, así como de las condiciones generadas, en virtud de lo cual fueron ejecutadas y presentadas como muertas en combate 196 víctimas en 141 eventos de resultados operacionales. De estas, 138 no fueron identificada.

La justicia colombiana estableció la cifra de seis mil 402 jóvenes ultimados por funcionarios de gobiernos anteriores, gente sin participación directa en el conflicto siquiera.