La Fiscalía de Perú amplió por ocho meses más la investigación contra la presidenta designada Dina Boluarte a causa de presuntos delitos de genocidio y homicidio generados en protestas sociales. 

Según informó este martes el ente judicial, el análisis también incluyó al primer ministro, Alberto Otárola, así como al actual jefe de la cartera de Interior y sus dos antecesores.

El anuncio de la extensión del análisis contra Boluarte surgió un día antes de la fecha pactada por la Fiscalía para decidir si presentaba una denuncia constitucional contra la mandataria de facto o no, informó Telesur.

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Según la fiscal general, Patricia Benavides, el jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas, general Manuel Gómez, testificará una vez más, pues en su último testimonio contradijo las justificaciones de la mandataria sobre su conocimiento de las acciones militares.

Igualmente, la jurista tomará declaración a 27 familiares de víctimas, así como personas afectadas con heridas graves y testigos del accionar de la policía y las fuerzas represivas durante las manifestaciones.

Las protestas ocurrieron después de la destitución y encarcelamiento del presidente electo Pedro Castillo y exigían respeto a la democracia y nuevas elecciones generales.

En respuesta a esto, la Policía Nacional, en coordinación con fuerzas militares, reprimieron fuertemente a los manifestantes.

Como resultado, entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, el país reportó 67 muertos en los mítines, 49 de ellos durante los enfrentamientos con las fuerzas del orden.