Naciones Unidas informó este domingo el cierre del Tribunal Especial para Líbano, 16 años después de su creación por decisión del Consejo de Seguridad. 

El resultado final del trabajo de esa institución fue una decisión de dudosa legalidad, dictada en marzo de 2022, para condenar a cadena perpetua a tres libaneses: Salim Ayyash, Hassan Habib Merhi y Hussein Hassan Oneissi, por planear y ejecutar el asesinato del exprimer ministro de Líbano, Rafik Hariri, y otras 21 personas el 14 de febrero de 2005.

Las dudas jurídicas responden en primer lugar a la ausencia de pruebas concluyentes sobre la participación de los imputados en el crimen, pues la única presentada por la fiscalía y adoptada por el tribunal consistía en algunas comunicaciones entre los presuntos implicados.

Según las largas discusiones durante las sesiones de 2014, el tribunal tuvo en cuenta el análisis de las llamadas entre los móviles utilizados para planificar, preparar y llevar a cabo el ataque.

Pero la fiscalía admitió en 2014 que ni ella ni el Ministerio de Comunicaciones libanés, quien entregó los datos, poseían ningún contenido de la conversación telefónica durante el ataque.

El equipo de defensa, designado por el tribunal, descalificó de manera categórica esas comunicaciones como prueba para emitir un fallo definitivo, y luego la red Al Mayadeen supo de otras evidencias presentadas por los abogados ante la Corte Internacional sobre la invalidez del principio de utilizarlas para presentar cargos contra sus defendidos.

La segunda sospecha está relacionada con el caos en la presentación de cargos: el 18 de agosto de 2020, después de investigaciones dilatadas por 12 años y sesiones entre 2014 y 2020, el tribunal concluyó un fallo único contra Salim Ayyash por el cargo de cometer el delito de atentado.

Además le imputó otros cinco cargos para sostener el pedido de prisión perpetua, y luego rechazó e invalidó la solicitud de apelación interpuesta por la defensa de Ayyash, en especial el abogado Emile Aoun.

Sin embargo, en 2021 el Fiscal General canadiense Norman Farrell presentó un recurso para un nuevo juicio donde incluir los fallos de los restantes miembros del supuesto grupo liderado por Ayyash.

La Corte de Apelaciones aprobó de manera directa esa solicitud, y en tan solo unos meses, el 10 de marzo de 2022, la decisión final condenatoria fue emitida.

El Tribunal de Apelación fue demasiado lejos en sus acciones ilegales, consideran expertos, pues rechazó de plano las solicitudes de los defensores de presentar alegatos durante sus sesiones, y se negó incluso a asistir a las vistas del tribunal.

La apelación se limitó a un solo alegato, el del fiscal, cuando exigió incluir en la sanción de cadena perpetua a Merhi y Oneissi, y así fue aprobado, sin escuchar ninguna otra opinión en su defensa.

Es preciso recordar también cómo Siria fue acusada en un inicio de instigar el crimen, por lo cual todas las investigaciones apuntaron a Damasco, mientras cuatro oficiales libaneses fueron encarcelados durante cuatro años sin ninguna prueba.

Hasta entonces eran acusados de facilitar el crimen en asociación con la inteligencia siria y luego fueron liberados antes de transferir tales acusaciones a Hizbullah, a partir de 2010.

El Tribunal Especial para Líbano hundió al país durante más de una década en graves laberintos y peligros, a punto de desatar guerras sectarias y exacerbar odios y disputas políticas  presentes en la actualidad.

Además produjo enormes pérdidas financieras, alrededor de mil 200 millones de dólares, de los cuales el estado libanés pagó el 49 por ciento, justo cuando más del 80 por ciento de la población caía por debajo del umbral de pobreza.