Denuncias de conspiración continuada de ultraderecha contra Venezuela
El presidente, Nicolás Maduro, denuncia implicaciones de la ultraderecha en planes de desestabilización en la República Bolivariana.
Las denuncias del grupo paramilitar colombiano Autodefensas Conquistadores de la Sierra (ACSN), de implicaciones de la ultraderecha venezolana en planes de desestabilización en la República Bolivariana, ratificó lo que el Ministerio Público llamó en una ocasión “conspiración continuada”.
En declaraciones a la prensa del país vecino, que fueron luego ratificadas por el presidente Nicolás Maduro a través de informaciones de los cuerpos de seguridad, las ACSN comunicaron que fueron contactados por esos sectores de oposición para generar caos en los estados fronterizos que comparten ambos Estados.
Durante una trasmisión radial el 5 de julio desde el estado de La Guaira, centro norte del país, el mandatario ofreció algunos detalles sobre los hechos revelados por los también conocidos como “Los Pachencas”.
El jefe de Estado detalló que los planes consistían en ingresar a unos mil hombres y generar violencia en los estados fronterizos, atacar el servicio eléctrico y cuando la oposición violenta gritara fraude el 28 de julio, entrar al territorio nacional para “generar la sensación de una guerra civil”.
Consideró en ese sentido, “algo muy grave” la información suministrada por los “jefes de inteligencia, policiales y militares, que me lo mandan desde Colombia”.
Al respecto, solicitó al fiscal general de la República, Tarek William Saab, abrir una investigación.
El Ministerio Público bolivariano designó, en menos de 24 horas, a la Fiscalía 83 Nacional para “investigar y sancionar nuevas amenazas de magnicidio” contra el gobernante bolivariano.
A través de su cuenta en la red social X, Saab comunicó que “investigará (este) intento de magnicidio” contra el jefe de Estado bolivariano.
“Los Pachencas”, en este contexto, adicionaron nuevos elementos en un comunicado divulgado por su Estado Mayor, dirigido a los presidentes Gustavo Petro, de Colombia, y a su homólogo Nicolás Maduro.
Las Autodefensas Conquistadores de la Sierra refirmaron en la nota “nuestra voluntad de paz, convencidos de que la construcción de ella es el único camino para lograr los anhelos de prosperidad y tranquilidad que les debemos a las comunidades que habitan el territorio bajo nuestra protección”.
Queremos que conozcan, de primera mano, la situación que se presentó con “grupos del país vecino (Venezuela) que buscaron nuestra influencia para alterar el sistema democrático”.
Los paramilitares aludieron al proceso electoral en curso en la República Bolivariana y señalaron que decidieron hacerlo público en un comunicado el 5 de julio porque “este es un evento de gran transcendencia para los dos territorios, cuya frontera compartimos sin intromisión alguna en los designios del vecino país”.
En este punto, solicitaron de manera respetuosa a Petro adoptar “las medidas pertinentes para que las autoridades de Venezuela puedan tener un diálogo directo con nuestra organización para darles la información” e iniciar las respectivas actuaciones judiciales.
Las ACSN dijeron conocer el pronunciamiento del dignatario venezolano sobre la información suministrada y afirmaron tener la “obligación moral de entregársela para los fines que considere necesarios”.
Subrayaron que “este acto de paz se origina en el respeto a los procesos electorales y de la democracia en Venezuela”, para la construcción de una real paz y “las violencias se detengan por el bien del pueblo que protegemos y el de los vecinos, que también tienen derecho a autodeterminarse”.
Miami, Estados Unidos y Colombia
Al análisis de los acontecimientos todavía en desarrollo, esta denuncia resulta de gravedad extrema por la trascendencia del momento y que saliera a la luz pública un día después que iniciara la campaña electoral en la nación sudamericana, rumbo a los comicios presidenciales del 28 de julio.
Pero no solo eso, sino que se suma a la larga lista de sucesos planificados, organizados y financiados desde Colombia por gobiernos anteriores, los que durante décadas tejieron los más diversos planes injerencistas y terroristas para atacar a la nación vecina.
Desde el propio comienzo del 2024, el presidente venezolano denunció intentos de magnicidio contra su persona y otras altas autoridades civiles y militares, a los cuales se les fueron sumando otros orquestados este año.
Durante su mensaje anual de memoria y cuenta en enero último, el jefe de Estado dedicó más de una hora a explicar estas acciones criminales planificadas desde Miami, Estados Unidos, y Colombia.
Las operaciones incluían su asesinato, el del ministro de Defensa, Vladimir Padrino, y otros líderes civiles y militares, y responsabilizó de ello a la Administración de Control de Drogas (DEA) con base en Colombia y a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense.
Reveló que la base de la DEA en ese país vecino y sus funcionarios principales siguen actuando junto a los grupos del narcotráfico y conspirando contra la República Bolivariana.
En las acciones golpistas y de asesinato están “implicados la extrema derecha miamense y civiles y militares”, dijo.
Maduro atestiguó que las conspiraciones fueron planeadas en los meses de mayo, agosto, noviembre y diciembre de 2023 y en las mismas participaron componentes extranjeros.
“Se hicieron todas las diligencias judiciales, de inteligencia e investigación pertinentes y fueron desmanteladas”, expresó.
Asimismo, declaró que informó al ejecutivo colombiano que la base de la CIA en ese país, establecida durante los gobiernos de Álvaro Uribe (2002-2010), Juan Manuel Santos (2010-2018) e Iván Duque (2018-2022), “sigue actuando de manera secreta e impune, conspirando contra Venezuela”.
Esta conspiración une el eje Miami-Colombia y tiene su epicentro en la frontera con la nación neogranadina, aseguró el mandatario.
Apuntó que entregó pruebas, grabaciones, testimonios, “porque todos los involucrados civiles y militares, nacionales y extranjeros, están convictos y confesos”.
Las conspiraciones que la ultraderecha nacional montó, junto al narcotráfico colombiano, la CIA y la extrema derecha miamense, tenían el objetivo, además, de crear “un caos y una conmoción” en el país para cortar el proceso de paz y estabilidad, de recuperación y para que no llegara el 2024 en paz, añadió.
El presidente agradeció la enorme lealtad probada de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, el Servicio Bolivariano de Inteligencia, a la Fuerza Armada Nacional y a la inmensa unión cívico militar policial.
Nuevos elementos aportados por la Fiscalía
En una serie de hechos concatenados, el fiscal general de la República dio seguimiento a las denuncias realizadas en el Parlamento por el presidente Nicolás Maduro y abundó sobre las acciones de carácter terrorista y magnicidio, a la par de revelar nuevos implicados.
Saab declaró el 26 de enero que sumaban 36 personas detenidas entre civiles y militares y otras 22 recibieron órdenes de aprehensión por la justicia, algunas de las cuales buscaron refugio en la vecina nación.
Todos los detenidos, subrayó, están convictos y confesos y aportaron información extraordinaria del “plan brutal” contra la gran mayoría del pueblo venezolano y la sociedad democrática.
Al comentar sobre los militares implicados, el titular del Ministerio Público señaló que fueron captados en Colombia con la participación directa de la CIA, la DEA y los servicios de inteligencia del Ejército colombiano.
El Fiscal General de la República llamó “conspiración continuada” las acciones criminales y expresó que los convictos y confesos “delataron a sus cómplices con nombres y apellidos”.
Los implicados por estos complots están acusados por los delitos de traición a la patria, homicidio intencional en grado de tentativa contra el mandatario Nicolás Maduro y otras autoridades, terrorismo, conspiración y asociación, entre otros, y podrían recibir la pena máxima de 30 años que establece la ley venezolana.