Gustavo Petro, nuevo caso de lawfare en América Latina
Durante una entrevista concedida a La Iguana TV, la analista María Fernanda Barreto aborda el escenario político en Colombia marcado por una ofensiva judicial contra el gobierno de Gustavo Petro.
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Presidente de Colombia, Gustavo Petro. Foto: Página 12.
El proceso de lawfare contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, inició desde el momento en que accedió al poder ejecutivo al frente del Pacto Histórico, reflexionó la escritora María Fernanda Barreto.
Durante una entrevista concedida al programa “Cara a Cara” del portal web La Iguana TV, la analista colombo-venezolana abordó el escenario político en ese país sudamericano, marcado por una ofensiva judicial contra el actual gobierno.
Ha comenzado el golpe de Estado.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) October 8, 2024
Para la especialista, varios elementos convirtieron a Petro en objetivo de una “ultraderecha no acostumbrada a compartir el poder con nadie y que no acepta ni siquiera procesos progresistas”.
En primer lugar, precisó, el mandatario llegó al poder como cabeza del Pacto Histórico, “una juntanza de partidos liberales tradicionales, partidos progresistas y partidos de izquierda y algunos movimientos sociales revolucionarios”.
No pertener a las grandes familias como es tradición en los presidentes de Colombia fue otro de los aspectos que apuntó contra Petro.
Según la también directora de la plataforma comunicacional Huele a Azufre, esas rupturas, junto al hecho de que Petro llegó al poder como producto del levantamiento popular de 2021, son las razones por las que hoy enfrenta el inicio de un “golpe blando”.
Estos lawfare no respetan necesariamente el debido proceso y aunque se inician como guerras jurídicas, lo único que hacen es un uso pragmático democrático, de lo que les pueda servir para iniciar golpes de estados blandos, explicó.
La arremetida cuenta ahora con el respaldo del Consejo Nacional Electoral (CNE). El órgano administrativo abrió una investigación penal contra el presidente por presuntas irregularidades de financiación durante la campaña electoral de 2022.
De acuerdo con Barreto, el cuestionamiento del CNE en relación con la campaña de Petro conlleva a que las grandes corporaciones mediáticas arremetan contra el mandatario y, de esta forma, la ultraderecha consiga también legitimarse poco a poco.
Todos los presidentes antes de Petro han tenido campañas financiadas por los grandes capitales de maneras ilícitas, por los intereses transnacionales internacionales, incluyendo esa gran transnacional que es el narcotráfico. Ningún presidente ha salido del poder en Colombia cuestionado por el origen de sus campañas, consideró.
En cualquier caso, como señaló la analista, el CNE no es competente para abrir una investigación penal contra el mandatario.
Cabe destacar que, según el sistema colombiano, ninguna autoridad diferente al Congreso puede investigar a un presidente de la República en ejercicio.
Al ser abordada sobre la viabilidad del procedimiento para destituir a Petro, la entrevistada alertó que las autoridades del CNE están todas vinculadas a la oposición.
De hecho, los dos magistrados ponentes son de partidos de oposición.
Con esa voluntad política es posible que eso avance, con algunas alianzas que ha venido tejiendo la ultraderecha también, con algunos sectores, incluso liberales, que en algunos momentos apoyaron a Petro, advirtió.
La analista colombo-venezolana planteó, en este contexto, algunas estrategias para hacer frente a este escenario político.
Entre ellas, señaló la urgencia de “reimpulsar la movilización popular" como un factor fundamental para lograr sostener el Gobierno del Pacto Histórico”.
Además, consideró primordial "desarrollar una política comunicacional" capaz de confrontar a los medios hegemónicos en Colombia.
Si se toma conciencia de la importancia de la movilización popular, si se continúa avanzando, porque hay comunicación contrahegemónica (…) si el Estado asume también dar la batalla en ese escenario, yo creo que podríamos hablar de otro nuevo precedente que senara el Pacto Histórico, y es defender con el pueblo la posibilidad de una oportunidad de un gobierno diferente para Colombia.
Si bien consideró que el Gobierno de Petro no representa un proceso revolucionario pues no plantea, en su esencia, una ruptura con el imperialismo, ni el capitalismo y tampoco construir un nuevo Estado, la analista colombo-venezolana reconoció que se trata de una oportunidad para que el pueblo avance en su camino de construir la paz.
Expresó: “La única posibilidad inmediata de abrir las puertas, por ejemplo, a una salida política negocial, al conflicto social y armado, la está dando el Gobierno de Gustavo Petro”.
La oligarquía en Colombia, comentó, busca detener cualquier posibilidad de una construcción histórica diferente a la que durante siglos le garantizó el poder absoluto, e incluso sostener un proceso genocida conta el pueblo.
