Cámara de Representantes de Libia intenta dominar el poder judicial
El presidente Al-Manfi instó a ese organismo a derogar la ley que establece el Tribunal Constitucional, y a revisar todas las leyes no imprescindibles durante el período de transición.
El máximo líder del Consejo Presidencial de Libia, Mohamed Al Manfi, criticó a la Cámara de Representantes por violar su carácter de autoridad legislativa de transición temporal y tomar la decisión de ampliarse a sí misma sin un referéndum popular.
Según detalló en una carta dirigida al presidente de la Cámara, Aguila Saleh, en aquel momento las condiciones de seguridad impidieron al pueblo el ejercicio de ese derecho, reflejado en la Declaración Constitucional, pero ahora esas limitaciones han desaparecido y puede hablarse de estabilidad y reconstrucción en toda Libia.
Al Manfi alertó sobre los continuos intentos de dominar el poder judicial a través de la herramienta legislativa, en ausencia de quórum constitucional y legal en las sesiones del Parlamento.
Esta circunstancia es aprovechada para realizar modificaciones injustificadas a las leyes relativas al poder judicial y también para vulnerar los poderes ejecutivos.
Como las "más peligrosas de estas violaciones", el titular Al Manfi mencionó el nombramiento de asesores y la prestación de juramento legal a miembros de un tribunal constitucional.
Estos pasos fueron amparados con una ley de establecimiento unilateral e inconstitucional, que el Tribunal Supremo declaró inválida, porque esta continua falta de respeto a las sentencias judiciales amenazan la estabilidad y la unidad del poder judicial.
Tal situación allana el camino para el colapso del Estado y el estallido de conflictos, advirtió la declaración del Supremo al anular la conducta de la Cámara.
En Libia, el Parlamento no tiene competencia legal para establecer un Tribunal Constitucional, responsabilidad conferida a la Asamblea Constituyente, encargada de redactar la constitución para el pueblo y ser garante de su permanencia.
Por tal razón, Al Manfi instó al organismo a derogar la ilegítima ley con que respaldaron el Tribunal Constitucional, y a congelar, hasta revisar "en sesiones públicas transparentes y con quórum" todas las leyes no imprescindibles durante el período de transición, o que violen el acuerdo político.