Tribunal de Túnez dicta penas de cárcel contra políticos y periodistas
Entre las condenas más destacadas estuvieron una de 22 años de prisión contra el líder Rached Ghannouchi, además de la confiscación de sus bienes, informó su abogada.
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El líder del Partido Renacimiento en Túnez, Rached Ghannouchi.
Un tribunal en Túnez emitió sentencias de prisión y multas económicas contra un grupo de políticos y periodistas en el marco del caso conocido como Instalingo, relacionado con una empresa de creación de contenido digital e influencia política y mediática, en el cual estuvieron figuras vinculadas al movimiento Renacimiento.
Entre las condenas más destacadas estuvieron una de 22 años de prisión contra el líder Rached Ghannouchi, además de la confiscación de sus bienes, informó su abogada.
La letrada calificó el fallo como severo y anunció la presentación de un recurso de apelación.
Otras penas impuestas a políticos y periodistas oscilan entre cinco y 35 años de cárcel, incluido la hija y al yerno de Ghannouchi.
El caso Instalingo se remonta a septiembre de 2021, cuando un tribunal ordenó la detención de seis empleados de una empresa con sede en la ciudad de Kalâa Kebira, en la gobernación de Susa, especializada en la producción de contenido digital y comunicación.
La investigación inició tras recibir información sobre supuestos delitos de la compañía asociados a atentado contra la seguridad interna del Estado, blanqueo de dinero y difamación a través de redes de comunicación públicas.
Movimiento Ennahda denuncia sentencias políticas en caso Instalingo
Por su parte, el movimiento Ennahda condenó las penas de prisión dictadas por la justicia contra su líder, Rached Ghannouchi, así como contra varios políticos y periodistas.
Mediante un comunicado, denunció que la justicia penas de prisión de más de 20 años en un contexto de agravamiento de la crisis económica y social, y en medio del sufrimiento del pueblo tunecino debido a las políticas fallidas de las autoridades golpistas.
El movimiento expuso que su líder, Ghannouchi, decidió boicotear todas las etapas del proceso judicial por considerarlo "un juicio político sin relación con una justicia independiente e imparcial".
También calificó estas largas sentencias como "una persecución política injusta" que refleja una "violación flagrante de la independencia judicial" y un uso politizado del sistema judicial.
Ennahda advirtió que estas decisiones contradicen "la necesidad del país de fomentar el diálogo y la unidad nacional ante los desafíos actuales" y contrastan con las iniciativas de reconciliación adoptadas por varios países árabes.
Asimismo, subrayó que el pueblo tunecino aspira a la libertad y la dignidad, y busca la reconciliación entre sus distintos sectores, lejos de cualquier política de represalia.
Por último, reafirmó su compromiso con "la lucha por la libertad, la democracia y un Estado de derecho", junto a todas las fuerzas democráticas del país.
