La Comisión Americana Árabe contra la Discriminación (ADC, por sus siglas en inglés) presentó una demanda judicial para impugnar la constitucionalidad de las acciones de la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, relacionadas con la deportación de estudiantes e investigadores internacionales que protestan o expresan apoyo a los derechos palestinos.

El reclamo presentado el sábado último ante el tribunal federal del distrito norte de Nueva York, busca obtener una orden judicial temporal a nivel nacional para bloquear dos decretos ejecutivos firmados por Trump durante el primer mes de su segundo mandato a principios de este año.

Esta acción legal se produce tras el arresto de Mahmoud Khalil, un estudiante de 30 años de la Universidad de Columbia y residente permanente en Estados Unidos de origen palestino, cuya detención desencadenó protestas este mes.

Los abogados del Departamento de Justicia argumentaron que el gobierno estadounidense busca destituir a Khalil porque el secretario de Estado, Marco Rubio, "tiene razones justificadas para creer que sus actividades o presencia en el país podrían tener graves consecuencias para la política exterior".

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El domingo último, Rubio defendió la decisión de revocar la tarjeta verde de Khalil y en declaraciones a la cadena CBS News confirmó que la administración Trump cancela visas todos los días.

"Si nos hubieras dicho al solicitar la visa que venías a Estados Unidos para participar en eventos a favor de Hamas, nunca te la habríamos otorgado, ya que eso contradice los intereses de la política exterior del país", agregó.

La ADC presentó una segunda demanda en nombre de dos estudiantes de posgrado y un profesor de la Universidad de Cornell, en Ithaca, Nueva York, quienes aseguran que su activismo y apoyo al pueblo palestino los expuso "al riesgo de persecución política".

Abdellah Ayoub, director ejecutivo nacional de la ADC, declaró que esta demanda es un paso necesario para salvaguardar nuestras garantías constitucionales más importantes, pues la Primera Enmienda garantiza la libertad de expresión para todas las personas dentro de Estados Unidos, sin excepciones.

Trump prometió previamente deportar a los activistas que participaron en protestas en universidades estadounidenses contra la guerra de "Israel" en la Franja de Gaza.