Cada 17 de abril los agricultores de todo el mundo recuerdan la masacre de Eldorado dos Carajás, ocurrida en Brasil en 1996, cuando 21 sembradores perdieron la vida en manifestaciones pacíficas por la reforma agraria. 

El acontecimiento pautó la instauración del Día Internacional de las Luchas Campesinas, y, con él, la extensión de un llamado periódico sobre la importancia de considerar la tierra como base de las comunidades, las culturas y la soberanía alimentaria. 

“Nuestro territorio es más que una mercancía”, aseguró el movimiento internacional Vía Campesina en su sitio web, donde transmitió el sentir de las 182 organizaciones de 81 países que lo integran. 

De acuerdo con la agrupación, el derecho a la tierra es fundamental para que los trabajadores de comunidades rurales produzcan alimentos variados y participen plenamente en la vida social, económica y política.

No obstante, esta libertad es violada con mayor frecuencia de lo previsto en varias regiones. 

Mientras los pakistaníes hacen frente al acaparamiento de parcelas y desalojos provocados por proyectos corporativos bajo la iniciativa “Green Pakistan”; los palestinos resisten el desplazamiento y monopolización de sus territorios y bienes comunes.

Hacia el Norte global, el panorama comprende la artificialización del suelo a través de autopistas, la urbanización y proyectos de energías renovables, con elevados índices de destrucción agrícola cada año. 

¿Cuál es la situación en América Latina?

Las luchas campesinas tienen ejes en común desde el Río Bravo hasta la Patagonia, como los derechos de los pueblos oroginarios, los bajos recursos, las cuestiones de género y las expulsiones.

En el caso de Paraguay, el 80 por ciento de la tierra está en manos de latifundistas y extranjeros. 

A esa situación, Colombia le suma los desplazamientos provocados por las organizaciones armadas. 

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística del país, casi el 40 por ciento de los habitantes rurales viven en la pobreza y el 64 por ciento de los hogares no cuenta con suficientes alimentos de forma estable. 

Al ser monoproductores, cuando su único cultivo no les ofrece las utilidades esperadas, quedan en situación de riesgo.

El mismo panorama se repite en otros pueblos latinoamericanos, sin encontrar respuesta concreta. 

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Guatemala expresa frecuentemente su preocupación por el asesinato de líderes campesinos, indígenas y ambientalistas, mientras en Panamá alertan sobre las actividades mineras y la construcción de represas que ponen en riesgo sus comunidades. 

Entre las características más novedosas en los últimos años en la región destaca el avance de la equidad de género.

Países como Uruguay, Chile y Brasil cuentan con organizaciones de mujeres agricultoras, aunque quizás la más representativa es la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias “Bartolina Sisa”, de Bolivia.

Demandas en tiempos actuales 

La organización Vía Campesina exige en diferentes tribunas una reforma agraria integral y políticas públicas ambiciosas, para poner fin al acaparamiento de tierras. 

Desde su criterio, estos proyectos deben considerar las dimensiones sociales, económicas y ambientales de la agricultura; enfrentar las causas estructurales de las desigualdades; y devolver el terreno a sus dueños originales, como en Palestina y otras regiones, donde las comunidades fueron desplazadas de forma forzosa.

La iniciativa está llamada a reconocer los derechos de los campesinos e indígenas sobre sus territorios, y promover políticas públicas ambiciosas de redistribución agrícola, en favor de los productores de alimentos a pequeña escala.

Para validar estas aspiraciones y romper con los enfoques neoliberales del pasado, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación celebrará el próximo año en Colombia la Segunda Conferencia sobre Reforma Agraria y Desarrollo Local.