La Universidad de Harvard enfrentó una de las mayores sanciones financieras en su historia tras desafiar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y rechazar condiciones impuestas por la Casa Blanca sobre cómo abordar el antisemitismo en el campus.

El centro de estudios publicó una carta enviada por el gobierno con varias exigencias, las cuales incluía la supervisión sobre admisiones, contrataciones y orientación ideológica, lo cual provocó la furia del mandatario.

La Casa Blanca respondió con el congelamiento de dos mil 260 millones de dólares en financiamiento federal, y afectó de manera directa los programas de investigación y el flujo de recursos para becas.

Washington amenazó además con revisar el estatus fiscal de la universidad y limitar la llegada de estudiantes internacionales, y ello podría representar pérdidas millonarias adicionales.

Según el reporte de Wall Street Journal, la administración estadounidense consideró que Harvard rompería el silencio y aceptaría los términos, tal como hizo la Universidad de Columbia, la cual buscó recuperar 400 millones en fondos accediendo a la mayoría de las condiciones.

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Para el rector Alan Garber, las demandas no buscaban cooperación real, sino un intento por someter a la universidad a control político.

Asimismo, negó la existencia de un acuerdo de confidencialidad y decidió la difusión pública de la misiva para salvaguardar la autonomía institucional ante una ofensiva sin precedentes.

Las condiciones provinieron del nuevo Grupo de Trabajo para Combatir el Antisemitismo, creado por Trump tras las protestas estudiantiles en apoyo a Palestina y contra la guerra israelí en Gaza.

Aunque Harvard implementó desde marzo reformas para prevenir discursos de odio y mejorar la convivencia, las exigencias de una segunda carta enviada el 11 de abril resultaron inaceptables para su directiva.

La difusión del documento posicionó a Harvard como símbolo de resistencia frente al autoritarismo y despertó reacciones incluso dentro de sectores conservadores, críticos del uso del poder federal para intervenir en universidades.

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A la luz de la polarización y la presión sobre instituciones educativas tras el conflicto en Gaza, el caso Harvard marca un punto de inflexión en la relación entre gobierno y campus.