Alrededor de 15 estudiantes e investigadores iraníes demandaron este viernes a la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la acual acusaron de violar derechos federales al congelar sus solicitudes de visa por motivos ideológicos y vigilar sus redes sociales. 

Los solicitantes fueron aceptados en universidades como Yale, Ohio State y Florida, pero sus procesos quedaron paralizados sin explicación formal.

A su vez, la denuncia, presentada ante un tribunal federal de Virginia, impugna la política del Departamento de Estado de suspender de manera indefinida entrevistas de visado, mientras investiga las publicaciones en redes sociales de los interesados. 

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También imputaron al gobierno de aplicar filtros arbitrarios y discriminatorios, en especial contra estudiantes de países de mayoría musulmana como Irán.

Rubio y Trump detrás del programa de vigilancia digital

El texto legal nombró al secretario de Estado, Marco Rubio, y denunció una campaña sistemática de represalia ideológica contra estudiantes no alineados con las posturas de Washington. 

Según los abogados Curtis Morrison y Hamdi Masri, esta política viola la Ley de Procedimiento Administrativo, al modificar procedimientos sin el debido proceso legal.

Desde mayo de 2019, el Departamento de Estado obligó a los solicitantes de visa a revelar sus perfiles en redes sociales, pero los representantes de la defensa notificaron el escrutinio desproporcionado para iraníes y otros estudiantes musulmanes.

Trump cierra la puerta a quienes no comulgan con su visión política del mundo, declaró Masri.

Nueva cruzada contra estudiantes internacionales y pro palestinos

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La congelación de visas forma parte de una campaña más amplia de hostigamiento contra estudiantes extranjeros. 

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El mismo día de la presentación de la demanda, Rubio anunció medidas para revocar visas a ciudadanos chinos afiliados al Partido Comunista o inscritos en programas sensibles, en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional.

La administración también ordenó revocar el acceso de Harvard a bases de datos federales de estudiantes internacionales, lo cual pone en riesgo el estatus migratorio de más de seis mil 800 alumnos. 

Un tribunal emitió una orden de restricción temporal para frenar estas acciones.

Trump, además, firmó una orden ejecutiva para expulsar a estudiantes extranjeros vinculados a las protestas propalestinas, mientras agentes fronterizos usaron tecnologías biométricas para rastrear su salida del país por Canadá o México. 

Más de mil estudiantes perdieron su estatus legal desde marzo por publicar contenido político o apoyar movimientos de resistencia palestinos.

Harvard también demanda por ataques a la libertad académica

A inicios de mayo, la Universidad de Harvard presentó su propia demanda contra el gobierno de Trump, y lo acusó de perseguir a la institución por oponerse a la línea oficial. 

Denunció la suspensión del Programa de Intercambio de Visitantes y la exigencia gubernamental de entregar los registros de estudiantes extranjeros activos en las protestas o simpatizantes con Palestina o China.

Los funcionarios universitarios manifestaron la disposición a resistir el ataque autoritario a la libertad académica. 

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En la actualidad, las medidas punitivas están parcialmente bloqueadas por una orden judicial mientras continúa la revisión legal.

Las políticas migratorias de la administración Trump reactivaron mecanismos de control ideológico aplicados a estudiantes foráneos. 

Desde 2023, la vigilancia aumentó contra quienes critican el respaldo de EE. UU. a “Israel” en su ofensiva sobre Gaza. 

La instrumentalización de redes sociales como herramienta de exclusión generó una ola de demandas por violaciones a derechos civiles, discriminación religiosa y restricción de la libertad académica.