EE. UU. impone sanciones a cuatro jueces de la CPI
La CPI indicó que estas medidas son un intento de socavar la independencia de una institución judicial internacional que opera bajo el mandato de 125 Estados partes.
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Corte Penal Internacional (CPI), La Haya.
La actual administración de Estados Unidos impuso el jueves sanciones, sin precedentes, contra cuatro jueces de la Corte Penal Internacional (CPI).
De acuerdo a la agencia Reuters, la medida representa una represalia por la investigación sobre presuntos crímenes de guerra de las tropas estadounidenses en Afganistán y por la emisión de una orden de arresto contra el primer ministro de "Israel", Benjamín Netanyahu.
El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció las sanciones en un comunicado el jueves contra Solomy Balungi Bossa, de Uganda, Luz del Carmen Ibáñez Carranza, de Perú, Reine Adelaide Sophie Alapini Gansou, de Benín, y Beti Hohler, de Eslovenia.
The @IntlCrimCourt’s baseless and politicized targeting of America and our close ally Israel must end. Today, I have sanctioned four ICC judges for infringing on U.S. and Israeli sovereignty – two who authorized the ICC’s baseless investigation into U.S. personnel in Afghanistan…
— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) June 5, 2025
"Como jueces de la CPI, estos cuatro individuos participaron activamente en las acciones ilegítimas e infundadas dirigidas contra Estados Unidos o nuestro estrecho aliado, "Israel", dijo.
Rubio añadió que la Corte Penal Internacional está politizada y se arroga falsamente una discrecionalidad sin límites para investigar, acusar y procesar a nacionales de Estados Unidos y sus aliados.
"Esta peligrosa afirmación y abuso de poder atenta contra la soberanía y la seguridad nacional de Estados Unidos y de nuestros aliados, incluido Israel", continuó.
CPI deplora las sanciones de la administración Trump
A través de un comunicado difundido en su página web, la CPI indicó que "estas medidas son un claro intento de socavar la independencia de una institución judicial internacional que opera bajo el mandato de 125 Estados Partes de todos los rincones del planeta".
"Tomar como objetivo a quienes trabajan por la rendición de cuentas no ayuda en nada a los civiles atrapados en el conflicto. Sólo envalentona a quienes creen que pueden actuar con impunidad", añadió.
La CPI advirtió que tales sanciones no sólo se dirigen a las personas designadas, sino también a todos aquellos que apoyan a la Corte, incluidos los nacionales y las entidades corporativas de los Estados Partes.
"Van dirigidas contra las víctimas inocentes en todas las situaciones ante la Corte, así como contra el estado de derecho, la paz, la seguridad y la prevención de los crímenes más graves que sacuden la conciencia de la humanidad", agregó.
El organismo reafirmó que continuará su labor, en estricta conformidad con el Estatuto de Roma y los principios de imparcialidad y debido proceso, con miras a hacer justicia a las víctimas de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio y crimen de agresión.