Pobladores de 20 comunidades de la cuenca baja del río Tigre, en la provincia peruana de Loreto, iniciaron la noche del domingo un paro indefinido para exigir la erradicación de la minería ilegal y denunciar la inacción del gobierno frente a la grave contaminación.

Más de 20 dragas operadas por mineros ilegales fueron identificadas en la zona, liberando mercurio de forma constante en los cauces del río. El presidente de la Federación de Comunidades de la cuenca del Bajo Tigre (Feconabat), César Moreno Culqui, declaró:

“Desde que amanece hasta que anochece están soltando el mercurio y nosotros consumimos esa agua. Por eso iniciamos esta lucha hasta que las autoridades se hagan presentes y expulsen a los mineros ilegales”.

Las comunidades exigieron la presencia directa de la presidenta Dina Boluarte  en el territorio y la implementación de medidas concretas para detener la minería ilegal.

Señalaron que el mercurio genera daños irreversibles en la salud humana, la seguridad alimentaria y la biodiversidad amazónica.

Como parte de la protesta, los pobladores bloquearon el acceso al río Tigre, afectando el abastecimiento y operación de los lotes petroleros 8 y 192.

La navegación quedó suspendida hasta que el gobierno retire las dragas y se establezcan mecanismos efectivos de control territorial.

Tras el anuncio de radicalización de la protesta, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) propuso una reunión en la ciudad de Iquitos. Sin embargo, Feconabat rechazó la invitación y exigió que el diálogo se realice en la comunidad Libertad, dentro del territorio afectado.

En un comunicado público, las comunidades afirmaron: “La defensa de la vida y la salud es irrenunciable. No daremos un paso atrás mientras la minería ilegal siga destruyendo nuestro territorio”.

Las decisiones fueron tomadas en una asamblea de delegados el pasado 15 de agosto. Desde julio, Feconabat advirtió que intensificaría sus acciones si no recibía respuesta de las autoridades.

El uso de mercurio para extraer oro en la Amazonía representa una amenaza persistente. Esta sustancia contamina ríos, afecta la fauna y provoca daños neurológicos y renales en humanos.

Según medios locales, la minería ilegal se expandió a 21 de las 25 regiones del país, poniendo en riesgo 15 áreas naturales protegidas y comunidades indígenas defensoras del bosque.