Denuncia penal por desvío de fondos sacude al gobierno de Milei
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Al Mayadeen Español
- 22 Agosto 00:58
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En pleno debate legislativo sobre temas de asistencia social, la denuncia apunta a funcionarios cercanos a Milei por el presunto desvío de fondos públicos destinados a atender personas con discapacidad.
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El presidente de Argentina, Javier Milei.
Una nueva denuncia penal fue presentada esta semana contra el presidente de Argentina, Javier Milei; su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y su primo Eduardo “Lule” Menem.
La demanda, radicada en los tribunales federales de Comodoro Py en Buenos Aires, señala la existencia de una presunta asociación ilícita destinada al desvío de fondos públicos mediante contratos irregulares en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Detalles de la denuncia
El abogado Gregorio Dalbón, quien presentó la acusación, incorporó como prueba una serie de audios atribuidos al actual titular de la ANDIS y exabogado personal de Milei, Diego Spagnuolo, quien describe en detalle el supuesto mecanismo de corrupción.
De acuerdo a la demanda, el esquema involucraría a la Droguería Suizo Argentina S.A., una empresa farmacéutica vinculada a la familia del presidente de la Cámara de Diputados.
El objetivo habría sido adjudicar contratos millonarios para la provisión de medicamentos sin licitación pública, afectando fondos destinados a programas de asistencia para 1.5 millones de personas con discapacidad en el país.
Contenido de los audios
Las grabaciones, presuntamente realizadas en una cafetería, aún no fueron autenticadas de forma oficial por la Justicia, pero generaron una fuerte crisis política.
En los audios, Spagnuolo menciona a Karina Milei y a Eduardo Menem, señalando que “Karina se lleva el tres por ciento” de las comisiones y que “Lule está choreando (robando) de una manera…”.
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Durante otro pasaje, la voz indica: “él [refiriéndose a Javier Milei] no está metido, pero es toda gente de él”. Más adelante, agrega: “Yo hablé con el presidente. (Le dije) ‘Javi, está pasando esto, esto y esto".
La grabación describe el modus operandi: la droguería centralizaba las compras, aumentaba el porcentaje de comisión exigido a otros proveedores y luego distribuía parte de esos fondos.
Antecedentes del caso
En agosto de 2024, un abogado presentó una denuncia similar basada en reportes periodísticos que revelaban contratos por 30 mil millones de pesos argentinos (30 millones de dólares) adjudicados sin licitación a la misma droguería.
Las compras se habrían gestado en “encuentros” llevados a cabo en la casa que Fernando Menem, hermano de Martín y primo de “Lule” tiene en Nordelta, con allegados a Suizo Argentina S.A., según la denuncia.
El denunciante sostuvo que la Agencia Nacional de Discapacidad habría eludido deliberadamente los mecanismos legales de contratación pública al adjudicar compras millonarias a la Droguería Suizo Argentina S.A., sin realizar licitaciones ni concursos de precios.
Según la presentación judicial, esta omisión sería parte de un esquema de corrupción que utilizó a la ANDIS como plataforma para canalizar y desviar fondos estatales destinados a programas de asistencia para millones de beneficiarios con discapacidad.
Aquella denuncia inicial, que apuntaba a los mismos funcionarios, fue archivada meses después por el juzgado a cargo por falta de pruebas suficientes. El caso había sido radicado en el Juzgado Federal número 11, que se encuentra vacante desde el fallecimiento de su juez titular en 2022.
Contexto político y social
La denuncia más reciente se produce en un momento de alta tensión institucional. Esta semana, el Congreso debatió dos vetos presidenciales que afectan directamente a sectores vulnerables: jubilados y personas con discapacidad.
En este contexto, la oposición logró reunir los dos tercios necesarios para rechazar el veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad, que propone actualizar los aranceles de los prestadores de servicios y crear una pensión equivalente al 70 por ciento del haber mínimo jubilatorio.
Dicha votación finalizó con 172 votos a favor de insistir en la ley frente a 73 del oficialismo. El rechazo al veto implica que la ley vuelve al Senado, donde el oficialismo enfrenta un escenario aún más adverso. Si también se rechaza allí, la ley entrará en vigencia.
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Sin embargo, el oficialismo logró sostener el veto a la ley que proponía un aumento del 7,2 por ciento en jubilaciones y pensiones, además de actualizar el bono para jubilados de la mínima a $110.000 mensuales. El gobierno justificó el veto alegando que la medida ponía en riesgo el equilibrio fiscal.
Mientras el gobierno de Milei veta leyes que buscan asistir a jubilados y personas con discapacidad por razones fiscales, la denuncia por corrupción revela un posible desvío de esos mismos fondos. Si se confirma, el impacto institucional y social podría ser significativo.
