El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil inició este 2 de septiembre las deliberaciones públicas en el juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro y siete de sus colaboradores más cercanos, señalados como el “núcleo duro” del complot golpista que derivó en los ataques del 8 de enero de 2023 contra el Congreso, el Palacio del Planalto y la propia Corte Suprema.

Durante cinco días, los cinco magistrados de la Primera Sala del STF, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia y Cristiano Zanin, analizarán las pruebas y acusaciones de la Fiscalía General (PGR).

La condena requiere mayoría simple: tres votos serían suficientes para dictar sentencias que podrían superar las cuatro décadas de cárcel.

Bolsonaro, líder ausente del proceso

El gran ausente fue el propio Bolsonaro, de 70 años, quien no asistió por alegados problemas de salud relacionados con el atentado de 2018.

Permanece en arresto domiciliario con grillete electrónico, bajo estrecha vigilancia ante el riesgo de fuga tras descubrirse una carta dirigida al presidente de Argentina, Javier Milei, solicitando asilo.

Para la Fiscalía, Bolsonaro fue el líder indiscutido del complot, beneficiario directo de los planes para desconocer las elecciones de 2022 y presionar a las Fuerzas Armadas.

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Entre los cinco cargos que enfrenta destacan “abolición violenta del Estado democrático de derecho” y “golpe de Estado”.

El “núcleo duro” del complot

Además de Bolsonaro, otros siete exfuncionarios y militares de alto rango enfrentan cargos como parte de la conspiración:

• Mauro Cid, exasistente presidencial, convertido en testigo clave tras firmar acuerdo de colaboración.
• Alexandre Ramagem, exdirector de inteligencia y actual congresista, acusado de difundir falsedades sobre fraude electoral.
• Almir Garnier Santos, excomandante de la Marina, señalado por redactar las llamadas “minutas golpistas”.
• Anderson Torres, exministro de Justicia, acusado de facilitar los ataques y obstaculizar la votación de 2022.
• Augusto Heleno, general retirado y exjefe de seguridad nacional, considerado pieza central en la retórica antidemocrática.
• Paulo Sérgio Nogueira, exministro de Defensa, implicado en reuniones para planear la ruptura institucional.
• Walter Braga Netto, general retirado y excandidato a vicepresidente, detenido por obstaculizar la investigación y coordinar redes militares clandestinas.

Todos, salvo Mauro Cid, niegan las acusaciones y buscan su absolución.

Desarrollo del juicio y cobertura internacional

El juicio se extenderá hasta el 12 de septiembre con ocho sesiones programadas. El STF recibió tres mil 357 solicitudes de acceso presencial y acreditó a más de 500 periodistas.

El proceso se transmite en directo por TV Justiça, YouTube y Radio Justiça, reforzando la visibilidad nacional e internacional.

Las pruebas incluyen documentos que detallan planes para desconocer los resultados electorales, testimonios sobre presuntos intentos de envenenar a Lula y registros de reuniones militares para coordinar el golpe.

Aunque una condena se perfila probable, las leyes brasileñas podrían permitir que Bolsonaro cumpla solo una fracción de la pena en prisión.

Reacciones y tensiones

El proceso ha generado tensión en Brasilia, donde seguidores del exmandatario se concentraron frente a su residencia.

La seguridad en torno al Supremo fue reforzada con drones, perros detectores de explosivos y protocolos de evacuación.

El caso también tuvo eco internacional. El presidente de Estados Unidos Donald Trump, aliado de Bolsonaro, impuso un arancel del 50 por ciento contra productos brasileños en represalia, calificando el juicio como una “caza de brujas”.