Trump exige 230 millones a EE. UU. por ser investigado
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Al Mayadeen Español
- Hoy 10:05
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El presidente Donald Trump reclama 230 millones al Departamento de Justicia por daños de investigaciones previas, lo cual generó un inédito conflicto ético.
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Ningún presidente estadounidense, en ejercicio o retirado, había demandado al Estado por las investigaciones sobre su propia conducta.
El presidente Donald Trump presentó una demanda contra el gobierno de Estados Unidos por 230 millones de dólares, tras alegar daños económicos y morales derivados de las investigaciones federales enfrentadas antes de regresar a la Casa Blanca.
La acción, sin precedentes en la historia política del país, fue presentada bajo la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios.
Según The New York Times, el reclamo busca una indemnización del Departamento de Justicia (Doj) por “ersecución maliciosa” durante su primer mandato.
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El conflicto ético es profundo: Ser juez y parte
Los acuerdos superiores a cuatro millones de dólares deben ser aprobados por los altos funcionarios del DoJ, entre ellos el fiscal general adjunto y el fiscal general asociado, cargos hoy ocupados por exabogados de Trump o de sus colaboradores más cercanos.
Entre ellos figuran el actual fiscal general adjunto y exdefensor de Trump en el caso de los documentos clasificados de Mar-a-Lago, Todd Blanche, y el jefe de la división civil del departamento, Stanley Woodward Jr., quien representó al asistente personal del presidente, Walt Nauta, coacusado en la investigación sobre el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.
De acuerdo con expertos, la estructura configura un círculo cerrado de poder, donde los antiguos defensores del mandatario decidirían si su jefe —ahora presidente— debe recibir cientos de millones de dólares provenientes de fondos públicos.
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De “Rusia Gate” a Mar-a-Lago
Las dos demandas de Trump están centradas en episodios clave de su primer mandato: La investigación sobre la presunta injerencia rusa en las elecciones de 2016, la cual calificó de “caza de brujas”, y el allanamiento del FBI en Mar-a-Lago, su residencia en Florida, en 2022, en busca de documentos clasificados.
Trump alegó persecución política y aseguró ser víctima de procesos judiciales diseñados para dañar su campaña presidencial de 2024.
Según sus abogados, los casos lo obligaron a gastar “decenas de millones de dólares” en defensa legal.
No obstante, la legislación invocada excluye las reclamaciones por actos discrecionales o políticos del gobierno, lo cual deja escaso margen para que un presidente obtenga compensación por ser investigado en causas relacionadas con su conducta.
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Un sistema bajo control
La posible aprobación del pago recaería en una cadena de mando configurada por el propio Trump.
En julio, la fiscal general Pam Bondi destituyó al principal asesor ético del Departamento de Justicia y reforzó el control presidencial sobre el organismo. Con sus aliados al frente de la justicia, el control institucional parece consolidado.
¿Quién pagaría la compensación?
Si el reclamo prospera, los 230 millones de dólares saldrían del Tesoro federal, es decir, del bolsillo de los contribuyentes.
Aunque el presidente dijo donar el dinero a la caridad, no especificó a qué fundaciones o bajo qué condiciones.
Los acuerdos de este tipo no requieren anuncio público, lo cual permitiría la aprobación del pago sin notificación previa a la ciudadanía.
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Un precedente inédito
Ningún presidente estadounidense, en ejercicio o retirado, demandó al Estado por las investigaciones sobre su propia conducta.
El caso evidencia hasta qué punto el sistema político de Estados Unidos es rehén de un presidente, quien actúa como juez, víctima y beneficiario de su propio poder.
