Río de Janeiro vive violencia policial más letal de su historia
Más de 130 muertos dejó el operativo policial en las favelas de Río de Janeiro contra el Comando Vermelho. Lula pide respeto a los derechos humanos.
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Naciones Unidas y Human Rights Watch condenaron el operativo y exigieron al Estado brasileño garantizar investigaciones independientes.
Río de Janeiro vivió una de las jornadas más sangrientas de su historia reciente. Más de dos mil 500 agentes de la Policía Civil y Militar realizaron un operativo en las favelas da Penha y de Alemão para capturar a los líderes del Comando Vermelho, la banda criminal más antigua de Brasil.
El resultado, al menos 130 muertos y un debate nacional sobre violencia estatal, derechos humanos y control territorial en las periferias brasileñas.
Un operativo sin precedentes terminó en tragedia
La acción policial, dirigida a desmantelar las redes del Comando Vermelho (CV), pasó a ser una batalla urbana.
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De acuedo con los medios, los delincuentes utilizaron drones, granadas y explosivos, mientras los enfrentamientos dejaron incendios, bloqueos de calles y suspensión de clases.
El crimen organizado no puede seguir destruyendo familias, declaró el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien exigió una investigación sobre el operativo más letal en la historia de Río.
Las imágenes de cuerpos en las calles y de familias llorando en las favelas recorrieron el mundo, provocaron una oleada de indignación.
Human Rights Watch calificó la operación como una “tragedia sin impacto real en la lucha contra la criminalidad”, al tratarse de una matanza de base sin desarticular las estructuras principales.
Testimonios y denuncias de abuso policial
La politóloga Ana Prestes consideró la operación un “exterminio indiscriminado de personas” el cual “violó todos los principios de los derechos humanos”.
Desde otro ángulo, el exjefe de la Brigada de Operaciones Especiales, general retirado Marco Aurélio Costa Vieira, reconoció la recepción al Estado con fuego abierto, pero advirtió el incumplimiento del mandato de seguridad en el operativo.
⭕ El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, propuso a su homólogo de EE. UU., Donald Trump, actuar como mediador entre Washington y Caracas para reducir las tensiones con Venezuela.
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Conforme al alto oficial, más de 850 de las mil 200 favelas de Río permanecen bajo control de bandas criminales armadas y muchos de sus miembros “ya no son simples criminales, sino guerrilleros urbanos”.
El contexto criminal: la expansión del Comando Vermelho
El Comando Vermelho, fundado en los años 70 dentro de las cárceles de Ilha Grande, domina amplios territorios en Río y expandió su influencia a 25 estados brasileños.
Lu estructura combina poder financiero, control de servicios básicos en las favelas y alianzas con cárteles sudamericanos y mexicanos.
Según el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, operan en todo el país. El CV y el Primer Comando de la Capital (PCC) encabezan la red criminal nacional e incluso mantienen presencia en países vecinos.
En 2025, ambos grupos firmaron una tregua temporal por dos meses, y reanudaron su guerra por las rutas del narcotráfico.
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Brasil registró en 2017 65 mil homicidios, el mayor número de su historia, atribuido en parte a ese conflicto.
El trasfondo político: Río de Janeiro y la ultraderecha
La operación, ordenada por el gobernador Cláudio Castro, del Partido Liberal de Jair Bolsonaro, pasó a ser una plataforma de relanzamiento del bolsonarismo.
El político calificó la masacre como un éxito y defendió su doctrina de “narcoterrorismo”, inspirada en la estrategia militar estadounidense.
Para los analistas, el gobernador busca proyectarse como líder de una ultraderecha sin Bolsonaro, y utiliza la seguridad como bandera electoral.
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La política de “exterminio y mano dura” coincide con un contexto de tensión entre el gobierno federal de Lula, promotor del diálogo social y la mediación regional, y los sectores conservadores alineados con Washington.
El discurso punitivo, según expertos, refuerza una lógica de apartheid la cual criminaliza a los habitantes de las favelas, mayoritariamente negros y pobres, convertidos en blanco de una política de “necropolítica estatal”.
Derechos humanos y repercusión internacional
Naciones Unidas y Human Rights Watch condenaron el operativo y exigieron al Estado brasileño garantizar investigaciones independientes y justicia para las víctimas.
En tanto, la COP30, prevista para celebrarse la próxima semana en Brasil, estará marcada por la crisis de derechos humanos en el país.
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La operación policial reavivó el debate sobre la militarización de la seguridad pública y la responsabilidad de las instituciones frente al avance del crimen organizado.
En palabras de Ana Prestes, “Río de Janeiro simboliza el choque entre dos proyectos de país: uno basado en la inclusión y otro en la represión”.
Un país bajo control del crimen organizado
Un estudio reciente estima que entre 50 y 61 millones de personas en Brasil viven bajo dominio de organizaciones criminales, cerca del 25 por ciento de la población nacional.
El fenómeno, alimentado por décadas de desigualdad y connivencia entre el poder político, policial y mafioso, plantea un desafío estructural para la democracia brasileña.
Al Mayadeen Español