El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, defendió los bombardeos contra pequeñas embarcaciones en aguas del mar Caribe y el océano Pacífico, calificándolos como “ataques letales y cinéticos” dirigidos a supuestos narcotraficantes.

Según el funcionario, estas operaciones buscan detener el tráfico de drogas, destruir narcobuques y eliminar narcoterroristas, insistiendo en que cada persona atacada estaría vinculada a una “Organización Terrorista Designada”.

En su mensaje publicado en la plataforma X, Hegseth arremetió contra la administración de Joe Biden, a la que acusó de adoptar una política de “guantes de seda”, y contrastó esa visión con la línea de confrontación militar impulsada por Donald Trump.

As usual, the fake news is delivering more fabricated, inflammatory, and derogatory reporting to discredit our incredible warriors fighting to protect the homeland.

As we’ve said from the beginning, and in every statement, these highly effective strikes are specifically…

— Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 28, 2025

De acuerdo al funcionario, la estrategia del gobierno anterior permitió el ingreso masivo de personas, entre ellas organizaciones criminales y grupos extranjeros, que inundaron las comunidades estadounidenses con drogas y violencia.

“Nuestras operaciones actuales en el Caribe son legales tanto según el derecho estadounidense como el internacional, y todas las acciones cumplen con el derecho de los conflictos armados, y están aprobadas por los mejores abogados militares y civiles en toda la cadena de mando”, afirmó.

Críticas internacionales y dudas internas sobre la legalidad

Expertos de Naciones Unidas (ONU) y juristas militares advierten, sin embargo, que los ataques violan la soberanía de Venezuela, carecen de sustento jurídico y constituyen ejecuciones extrajudiciales.

Tres especialistas de la ONU —Ben Saul, Morris Tidball-Binz y George Katrougalos— alertaron que las acciones encubiertas y las amenazas de uso de la fuerza contra Venezuela transgreden la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional del mar.

Señalaron que incluso si las embarcaciones atacadas estuvieran vinculadas al narcotráfico, el empleo de fuerza letal sin base jurídica adecuada constituye ejecuciones extrajudiciales.

A estas advertencias se sumaron las dudas expresadas por el principal abogado del Comando Sur, coronel Paul Meagher, quien advirtió que los ataques exponen legalmente a los militares involucrados.

Según NBC News, otros juristas militares y expertos en derecho internacional coincidieron en que los cárteles de la droga, aunque violentos, no cumplen con la definición de amenaza armada que justifique un “conflicto armado”.

Las discrepancias internas derivaron incluso en la renuncia del jefe del Comando Sur, almirante Alvin Holsey, mientras críticos advierten que algunos ataques ya causaron la muerte de civiles sin vínculos con el narcotráfico.