Comisión en Tanzania investigará responsables de violencia electoral
La nueva comisión buscará identificar a quienes planificaron, financiaron y ejecutaron la violencia que dejó más de 518 muertos y cientos de desaparecidos.
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Tanzania crea comisión penal para investigar violencia electoral de 2025
La presidenta de Tanzania, Samia Suluhu Hassan, estableció una nueva comisión para identificar a los responsables de la violencia mortal registrada en las elecciones generales de octubre de 2025.
Hassan anunció que la comisión realizará una investigación más profunda para determinar quiénes instigaron, participaron y financiaron los hechos.
Durante una ceremonia en el palacio presidencial de Dar es‑Salam, precisó que el equipo tendrá cinco meses para presentar conclusiones, con posibilidad de prórroga.
La comisión está integrada por seis jueces, encabezados por el juez retirado del Tribunal de Apelaciones, Shaban Ali Lela, e incluye magistrados retirados de Tanzania, Uganda y Namibia.
Hassan explicó que la presencia de jueces de otros países africanos busca aportar una perspectiva regional y reforzar la credibilidad e independencia del proceso.
Destacó la importancia de contar con representantes de la Comunidad de África Oriental y la Comunidad de Desarrollo de África Meridional (SADC).
El mandato se centrará en la responsabilidad penal individual, abarcando casos de asesinato, saqueo, desaparición de cadáveres y denuncias de secuestro.
Una investigación, dirigida por el expresidente del Tribunal Supremo, Mohamed Chande Othman, informó en abril que más de 518 personas fallecieron en la violencia electoral.
Miles resultaron heridas, incluidas más de 800 por armas de fuego. Además, 245 personas permanecen desaparecidas.
El informe reconoció que estos números podrían ser superiores, ya que algunas familias enterraron a sus seres queridos sin registrarlos oficialmente.
La investigavión no atribuyó responsabilidades y recomendó una investigación penal adicional, tarea ahora asumida por el nuevo comité.
Organizaciones de derechos humanos y grupos opositores acusan a las fuerzas de seguridad de uso excesivo de la fuerza y de disparar contra manifestantes y civiles.
Human Rights Watch criticó la investigación inicial por no evaluar adecuadamente la legalidad del uso de la fuerza, pese a informes que documentaban disparos en hogares y negocios.
Los disturbios comenzaron el 29 de octubre de 2015, coincidiendo con las elecciones generales, en medio de protestas por restricciones a partidos opositores y la exclusión de figuras relevantes.
El gobierno afirma que esta nueva comisión representa una segunda fase centrada en pasar del análisis de hechos a la determinación de responsabilidades penales.
Organizaciones de derechos humanos insisten en una investigación independiente y transparente que también examine el comportamiento de las fuerzas de seguridad.
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