La aprobación del nuevo proyecto de ley fiscal y de gastos impulsado por el presidente de Estados Unidos Donald Trump generó una ola de críticas por parte de organizaciones médica, sindicatos y grupos comunitarios, que advirtieron sobre consecuencias devastadoras para millones de personas.

Entre las medidas más controvertidas estuvo la reestructuración del programa Medicaid, que hoy brinda cobertura médica a unos 71 millones de ciudadanos de bajos ingresos. 

La legislación contempló el establecimiento de requisitos de trabajo obligatorios, lo cual, según la Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO), podría dejar sin seguro médico a cerca de 12 millones de personas.

Recortes masivos en nombre del estímulo económico

El Partido Republicano sostuvo que la ley reducirá impuestos a todos los nacionales y estimulará el crecimiento económico. 

Según cálculos de la CBO, la norma recortará los ingresos fiscales en 4,5 billones de dólares en la próxima década, mientras disminuirá el gasto federal en 1,1 billones, en su mayoría a costa del sistema de salud.

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Voces en contra

El presidente de la Asociación Médica Estadounidense, Bobby Mukkamala, señaló que los ajustes limitarán el acceso a atención médica básica y agravarán enfermedades que hoy son fácilmente tratables. 

Por su parte, las entidades sin fines de lucro que conforman la Alianza de Planes de Salud Comunitarios advirtieron que la propuesta incrementará los costos para los consumidores y debilitará el sistema de salud pública. 

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El presidente del sindicato de trabajadores sanitarios en estados centrales del país, Greg Kelley, calificó la norma de “fracaso moral, que amenaza el empleo, la sanidad y la cohesión social”. 

Investigadores como Craig Garthwaite, de la Universidad Northwestern, alertaron sobre evidencia empírica del daño de estos recortes a los pacientes, mientras expertos como Ge Bai, de la Universidad Johns Hopkins, anticiparon que el peso económico del seguro recaerá ahora directamente sobre los ciudadanos.

Un modelo de salud excluyente y desigual

Estados Unidos es el único país desarrollado sin un sistema universal de salud pública.

A diferencia de otras naciones, donde el acceso a la atención médica es considerado un derecho, en el país norteño la cobertura depende del empleo, la capacidad de pago o la elegibilidad para programas como Medicaid.

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Este modelo genera profundas desigualdades, en especial entre comunidades afrodescendientes, latinas y rurales.

Las reformas recientes no solo agravan estas brechas, sino que colocan la vida y la salud de millones de personas en el centro de una disputa ideológica y fiscal.