En América Latina se libra una guerra sin disparos ni tanques, pero con efectos devastadores para la democracia. En lugar de cuarteles, se ocupan tribunales. En vez de generales, actúan jueces, fiscales y periodistas aliados.

Es el lawfare, una estrategia de persecución política mediante el uso instrumental de la justicia penal, cuyo blanco predilecto han sido los líderes progresistas del continente.

Tal fenómeno combina acciones judiciales, campañas mediáticas y decisiones arbitrarias para neutralizar a opositores por la vía legal, muchas veces sin pruebas sólidas ni garantías procesales.

Esa política no sólo encarcela o inhabilita, sino que erosiona la confianza ciudadana en el Estado de derecho, impide proyectos políticos alternativos y somete la voluntad popular a los intereses del poder económico y geopolítico.

¿Qué es el lawfare?

El término lawfare proviene de la fusión entre “law” (ley) y “warfare” (guerra). En su concepción moderna, refiere al uso político del derecho penal como arma estratégica para la deslegitimación y eliminación del adversario.

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Aunque el concepto nació en el ámbito militar estadounidense, se adaptó rápidamente al terreno político y judicial de América Latina.

Esta forma de guerra no convencional recurre a acusaciones mediáticas, prisiones preventivas arbitrarias, inhabilitaciones exprés, jueces funcionales, procesos acelerados y sentencias sin sustento jurídico, cuyos efectos suelen revertirse años más tarde, pero ya con los daños políticos consumados.

Lava Jato, Lula y Dilma como blancos

En Brasil, el lawfare alcanzó su máxima expresión con la Operación Lava Jato, presentada como la supuesta mayor cruzada anticorrupción del continente.

Su verdadero objetivo, sin embargo, fue impedir el regreso de  Luiz Inácio Lula da Silva al poder y desmantelar el proyecto político del Partido de los Trabajadores.

Lula fue condenado por “actos indeterminados” en un proceso liderado por el juez Sergio Moro y el fiscal Deltan Dallagnol, a pesar de que no se probó la propiedad de inmuebles ni la existencia de un esquema personal de sobornos.

Lula estuvo 580 días en prisión, impedido de competir en las elecciones de 2018, que ganó el ultraderechista Jair Bolsonaro, quien luego nombró a Moro como su ministro de Justicia.

No fue hasta 2021, que el Supremo Tribunal Federal anuló todas las condenas contra Lula, al declarar incompetente al juzgado de Curitiba.

En aquel entonces, filtraciones del sitio web The Intercept revelaron chats entre Moro y Dallagnol donde se coordinaban estrategias políticas para dañar al expresidente y favorecer la derecha.

También, la expresidenta brasileña,  Dilma Rousseff fue víctima de lawfare. En 2016 fue destituida mediante un impeachment sin crimen de responsabilidad, acusada de “pedaladas fiscales” que ni siquiera constituían delito.

Su caída fue el resultado de una operación política y mediática para romper con el mandato popular, instalar a Michel Temer como presidente transitorio y preparar el ascenso del conservadurismo.

Pero, a pesar de todo,  Lula regresó al poder en 2022 con el 51 por ciento del voto popular, reivindicando su inocencia y señalando el lawfare como un capítulo oscuro en la historia de Brasil.

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— Al Mayadeen Español (@almayadeen_es) February 20, 2024

Cristina Fernández, entre denuncias y proscripción

En Argentina, la persecución judicial contra  Cristina Fernández de Kirchner ha sido sistemática.

La exmandataria ha enfrentado más de 600 denuncias, muchas sin fundamentos sólidos. En 2022 fue condenada a seis años de prisión e inhabilitada perpetuamente para ejercer cargos públicos, por supuestas irregularidades en la asignación de obra pública en Santa Cruz, en un amañado proceso que llamaron Causa Vialidad.

El pasado 10 de junio la Corte Suprema de Justicia de Argentina confirmó la sentencia y la dejó en prisión domiciliaria por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

La defensa alegó que se trató de un juicio político disfrazado de proceso penal, con jueces ligados al macrismo, pruebas débiles y una cobertura mediática hegemónica hostil. Pero, su proscripción política fue el verdadero objetivo. Y lo lograron…

Pese a ello, conserva un fuerte respaldo social y sigue siendo una figura central del progresismo argentino y regional.

Su caso simboliza cómo el lawfare busca sacar del tablero a líderes que desafían el statu quo, aun las pruebas sean, para nada, concluyentes.

Rafael Correa, exilio y condena exprés

En Ecuador, en 2020, el expresidente Rafael Correa fue condenado en ausencia a ocho años de prisión por el “Caso Sobornos”, también conocido como “Arroz Verde”.

Se lo acusó de liderar una red de financiación ilícita a su movimiento político a cambio de contratos públicos. Sin embargo, nunca se presentó una prueba directa, y fue sancionado por “influjo psíquico” sobre sus exfuncionarios.

Un proceso totalmente carente de seriedad judicial y desarrollado extraordinariamente rápido, pues en menos de dos años se dictaron las sentencias en todas las instancias.

Todo orquestado para manipular el calendario judicial e impedir su candidatura en las elecciones de 2021.

Hasta la Interpol rechazó en tres ocasiones las órdenes de captura emitidas por Ecuador contra Correa y otros exfuncionarios como Jorge Glas, Ricardo Patiño o Fernando Alvarado, por considerarlas de motivación política.

Además, investigaciones periodísticas revelaron que el gobierno del sucesor y traidor de Correa, Lenín Moreno, recibió apoyo de agencias estadounidenses y de medios financiados por la National Endowment for Democracy (NED) para operar una campaña de desprestigio mediático y judicial.

La persecución se extendió a más de 300 servidores públicos, consolidando un viraje conservador y represivo, como se evidenció en las protestas de octubre de 2019.

Hoy, Correa continúa exiliado en Bélgica. El movimiento Alianza País perdió su fuerza política, y la derecha impuso sus condiciones electorales.

Perú, Paraguay, Uruguay y Guatemala: un mismo patrón

En Perú, el maestro rural Pedro Castillo ganó la presidencia en 2021 en un contexto de polarización extrema.

Desde el inicio de su mandato fue acorralado por el Congreso y los medios de comunicación, con intentos de vacancia reiterados, acusaciones de corrupción y bloqueos institucionales.

En diciembre de 2022, intentó disolver el Congreso  y fue destituido inmediatamente, sin respetarse el derecho a la defensa ni el debido proceso.

Desde entonces está detenido sin sentencia firme, mientras su vicepresidenta Dina Boluarte asumió el poder con el respaldo de sectores conservadores.

Historias similares se repitieron antes en Paraguay, donde el expresidente Fernando Lugo fue destituido en 2012 mediante un juicio político exprés que duró menos de 36 horas, sin garantías mínimas. Fue un golpe institucional impulsado por intereses conservadores y agroindustriales.

En Uruguay, el Frente Amplio ha denunciado maniobras judiciales contra sus dirigentes, como Charles Carrera y Guillermo Besozzi, especialmente en años electorales, para debilitar su posición política.

En Guatemala, la exfiscal general y candidata presidencial Thelma Aldana fue inhabilitada por causas judiciales débiles que le impidieron participar en las elecciones. Su exclusión facilitó el triunfo de candidaturas afines a sectores corruptos.

EE. UU: Lawfare contra migrantes venezolanos y batalla judicial

Pocas horas después de iniciar su segundo mandato, en enero último, Donald Trump recurrió al lawfare al reactivar la polémica Alien Enemies Act de 1798, originalmente creada durante la guerra naval no declarada con Francia, para justificar la deportación masiva de migrantes venezolanos residentes en Estados Unidos.

El argumento principal del gobierno de Trump señalaba supuestos vínculos entre los venezolanos y organizaciones del crimen organizado, pero jamás se aportaron evidencias.

La medida recibió una amplia condena dentro y fuera de Estados Unidos. Organizaciones internacionales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional alertaron sobre el peligroso precedente que establecía este uso indebido de leyes antiguas.

El gobierno bolivariano condenó duramente la decisión, calificándola de maniobra xenófoba y una represalia política contra Venezuela.

El presidente Nicolás Maduro exigió a Estados Unidos cesar las deportaciones y garantizar los derechos humanos de sus ciudadanos.

La Alien Enemies Act, aprobada durante el mandato del presidente de EE. UU. John Adams, se utilizó muy pocas veces, principalmente durante las guerras mundiales. Su reactivación generó un amplio debate sobre su legitimidad.

Una estrategia vigente en América Latina

Lejos de haber terminado, el lawfare continúa vigente y adaptado a nuevos contextos políticos. Hoy se manifiesta con causas penales, investigaciones administrativas, inhabilitaciones preventivas, bloqueos financieros y uso discrecional del aparato judicial electoral.

En Argentina, sectores judiciales y mediáticos siguen presionando para mantener fuera de la política a Cristina Kirchner. En Ecuador, persiste la persecución contra exfuncionarios del correísmo. En Perú, Pedro Castillo sigue detenido sin juicio definitivo.

Los tribunales constitucionales y cortes supremas se han convertido en árbitros políticos de facto, definiendo la viabilidad de los liderazgos alternativos con sesgo ideológico.

El lawfare como fenómeno global

Aunque el término se asocia con América Latina, el lawfare tiene expresión en otras regiones, especialmente donde los sistemas judiciales han sido cooptados para silenciar disidencias.

En Europa del Este y Asia, opositores políticos han enfrentado causas penales fabricadas bajo regímenes autoritarios.

Incluso en democracias consolidadas, el poder judicial y los medios corporativos pueden aliarse para proteger intereses económicos o castigar movimientos populares.

Estrategias para defender la democracia

Resistir el lawfare exige una defensa integral, regional y estratégica, articulando frentes jurídicos, políticos, mediáticos y culturales.

Entre las propuestas destacan:

• Restringir el uso abusivo de la prisión preventiva
• Democratizar y transparentar la selección de jueces y fiscales
• Crear observatorios jurídicos independientes
• Impulsar una educación jurídica crítica
• Recuperar el control público sobre los medios de comunicación

La resistencia al lawfare requiere organización política, movilización social, formación ciudadana y nuevos relatos democráticos.

Cuando la justicia se convierte en arma

El lawfare ha dejado de ser un conjunto de casos aislados para convertirse en un mecanismo estructural de disciplinamiento político. La región necesita actuar desde la política, la cultura, la memoria y la unidad.

Porque si la justicia se convierte en arma, la democracia se convierte en rehén. Y liberarla implicará enfrentar no solo a jueces y fiscales corruptos, sino a todo un sistema que castiga al que sueña con un mundo más justo.

🛑 5 CASOS DE LAWFARE EN AMÉRICA LATINA: LA GUERRA JUDICIAL CONTRA LA IZQUIERDA

📌 La izquierda de América Latina vive una guerra silenciosa, en la que no se emplean balas ni bombas, sino leyes. Se trata del lawfare, una estrategia de persecución política mediante el uso de la… pic.twitter.com/9D1W5bGtYM

— Al Mayadeen Español (@almayadeen_es) August 7, 2025