La primera sala del Supremo Tribunal Federal sentenció el 11 de septiembre a Bolsonaro a 27 años y tres meses de prisión, tras declararlo culpable de intentar un golpe de Estado para permanecer en el cargo, pese a su derrota electoral frente al actual gobernante Luiz Inácio Lula da Silva.

Cuatro de los cinco jueces que integraron el panel consideraron al exmandatario culpable de cinco cargos graves, en un fallo que marca un hito histórico en la justicia brasileña.

El excapitán del Ejército responde por intento de golpe de Estado, participación en una organización criminal armada, intento de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, daño calificado por violencia y deterioro del patrimonio histórico.

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Por vez primera, un político elegido por voto popular como presidente fue condenado por el máximo tribunal, al conspirar violentamente para mantenerse en el poder.

El juicio se desarrolló entre sesiones extraordinarias y ordinarias hasta este 12 de septiembre, tras la denuncia presentada por la Fiscalía General en febrero, luego de la denominada Operación Contragolpe.

Trama del golpe

La investigación reveló la existencia de una supuesta confabulación organizada por Bolsonaro y parte de su círculo cercano, incluidos militares, exministros y asesores, para impedir la investidura de Lula.

Hechos clave ocurrieron entre noviembre de 2022 y enero de 2023, en un período de tensión política que derivó en episodios de violencia inéditos en la capital federal.

Según el Ministerio Público Federal, el grupo elaboró borradores de decretos inconstitucionales, ejerció presión sobre las Fuerzas Armadas y planificó acciones violentas que culminaron con el asalto y saqueo contra las sedes de los Tres Poderes en Brasilia el 8 de enero de 2023.

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Aunque Bolsonaro se encontraba en Estados Unidos durante los ataques, las pruebas reunidas, entre ellas mensajes, grabaciones y testimonios de delatores, como su exayudante de órdenes, el teniente coronel Mauro Cid, lo vinculan directamente con la conspiración.

La defensa del exmandatario anunció que apelará la condena, calificando las penas de “absurdamente excesivas”.

El equipo interpondrá “los recursos oportunos, incluso a nivel internacional”, indicó el comunicado publicado en la red social X por Fabio Wajngarten, uno de los colaboradores de Bolsonaro.

Nunca antes en Brasil un exjefe de Estado había sido juzgado y condenado por atentar contra la democracia vigente.

Pese a que el país vivió dictaduras militares y rupturas institucionales durante el siglo XX, ninguno de los responsables de esos períodos enfrentó la justicia en vida.

En contraste, Bolsonaro es procesado bajo la nueva legislación penal aprobada en 2021, que tipifica explícitamente como crimen el intento de golpe contra el Estado de Derecho.

La Corte Suprema reforzó sus medidas de seguridad ante posibles protestas de simpatizantes del condenado, mientras Bolsonaro permanece en arresto domiciliario desde agosto, por violar medidas cautelares impuestas durante el proceso.

A diferencia de escándalos de corrupción que sacudieron otras presidencias, como el caso de Fernando Collor, este es el primero en la historia reciente de Brasil en que un expresidente responde ante la Justicia por intentar derrocar el régimen constitucional.

El fallo del Supremo no solo consolida un precedente judicial, sino que envía un mensaje claro sobre la resistencia institucional frente a intentos de desestabilización democrática, un tema sensible en una nación marcada por profundas polarizaciones políticas.

Reacciones y futuro

Analistas consideran que la condena podría redefinir los límites de la inmunidad política y establecer criterios para futuros procesos en casos de amenazas a la democracia.

Por el momento, la atención internacional se centra en Brasil como un ejemplo de cómo la justicia puede actuar frente a figuras de alto poder, aun cuando su influencia política sigue siendo significativa.

El proceso genera debates intensos sobre la responsabilidad de líderes electos, la rendición de cuentas y la defensa del orden constitucional en países con historia de crisis institucionales.

Bolsonaro, cuyo estilo confrontativo marcó su mandato (2019-2022), enfrenta ahora no solo las consecuencias legales, sino también un desafío histórico a su legado político y a su capacidad de movilizar a sus seguidores.

Con este veredicto, el juzgado superior consolida un precedente inédito, dejando en claro que la protección de la democracia está por encima de cualquier cargo político o trayectoria militar.

El gigante sudamericano observará con atención cómo se desarrollarán las apelaciones y qué impacto tendrán estas decisiones en el panorama político de cara a las elecciones de 2026 y la estabilidad institucional de Brasil.