Con la sobreactuación de los que no se conduelan por nada, en Occidente ciudadanos, figuras estelares, prominentes, referentes morales y políticos intachables -como Boris Johnson- que nunca habrían podido señalar Ucrania en un planisferio, desde hace poco más de tres meses lloran, todas las veces que pueden, a cada uno de los muertos que está dejando la contraofensiva que Rusia desarrolla frente a las agresiones de la OTAN en territorio ucraniano.

Llantos y melindres que no gastaron por los miles de muertos en Donetsk y Lugansk. Ahora es la hora de llorar por los asesinados de Moscú, no importan si estos son mercenarios o nazis autóctonos, acorralados como ratas en los sótanos de la acería Azovstal en Mariupol, los que terminaron como tal exterminados o enjaulados. Por eso la cuestión es llorar, llorar lo más fuerte posible, gritar, patalear, desesperarse, frente a cualquier cámara de televisión, no vaya a ser cosa de que ese Putin no se entere.

No corren la misma suerte los muertos de la República Democrática del Congo (RDC) que en un número infinitamente mayor, y si ninguna culpa, son asesinados de manera cotidiana desde hace décadas en las profundidades de sus selvas trágicamente ricas con enormes reservas minerales, entre otras el coltán vital para la telefonía celular y las baterías de los autos eléctricos, sin que nadie los cuente ni a nadie interesen, quizás porque sencillamente sean negros, sean pobres o como bien nos enseñó el buen Leopoldo II, rey de Bélgica que se cargó a veinte (20) millones de esos “negros” para arropar con pieles y oro a las prostitutas más conspicuas de la Europa decimonónica, no valga la pena preocuparse por ellos.

En la misma sintonía de Leopoldo sigue Occidente, más allá de que el rechoncho rey lleva más de un siglo sarteneado en el infierno, si ese divino utensilio afortunadamente existiera.

Una nueva masacre se acaba de registrar el pasado sábado 28 en la provincia de Kivu, del norte al este del país, en la que murieron al menos 27 personas. Esa provincia se ha convertido en el epicentro de las operaciones del grupo Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF por sus siglas en inglés), donde además operan cerca de un centenar de organizaciones armadas cuya diferencia con las del crimen organizado son extremadamente sutiles.

Fundada en Uganda en los años 90 y compuesta por musulmanes con el apoyo del Gobierno de Sudán y los Emiratos Árabes Unidos (EAU), que hacen llegar sus apoyos vía una fundación islámica con sede en Sudáfrica, además de financiarse con el tráfico de oro y maderas preciosas, las ADF han actuado desde el principio de manera indistinta de uno y otro lado de la frontera, aunque desde hace años los ataques en su país son mucho más esporádicos mientras son cada vez más activos en la RDC, a pesar de que, como en la región y el resto del país el islam es extremadamente minoritario frente a la apabullante mayoría cristiana que sobrepasa el 98 por ciento. La ADF en el momento de su fundación, en los años 90, pareció adoptar las características de una guerrilla política que fue virando al fundamentalismo religioso hasta convertirse en 2019 en la franquicia del Dáesh global, tanto en la RCD cómo en Uganda, tras la escisión entre el antiguo emir Jamil Mukulu, detenido en Tanzania en 2015, y su actual líder el ugandés Musa Baluku, quien realizaría la Willat (juramento de lealtad) al Califato.

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Tiempos globales de incertidumbre y cambios 

Durante el gobierno de Laurent Kabila la insurgencia fue fuertemente reprimida, y particularmente la ADF, a la que produjo más de dos mil bajas reduciendo sus hombres a unos 500 refugiados en las montañas de Rwenzori en la frontera ugandesa – congoleña. Tras la muerte de Kabila, en 2001, la insurgencia retomó sus bríos y desde entonces el este de la RDC se ha ido convirtiendo paulatinamente en una zona de alta inestabilidad. En 2002 el entonces Ministro de Asuntos Internos de Uganda denunció frente al Parlamento que las ADF tenían vínculos con al-Qaeda, quienes habrían ayudado a establecer campos de entrenamiento en el este de la RDC. Más tarde se las ha vinculado al grupo somalí al-Shabaab, por su cercanía con al-Qaeda, aunque tras convertirse en tributario del Dáesh, la alianza con los somalíes, que han seguido fieles a al-Qaeda, tuvo que haberse desactivado.

Las ADF han concentrado sus acciones en la región del Beni, de Kivu norte, extendiéndose desde las alturas de Rwenzori hasta la provincia de Ituri, fronteriza con Uganda y Sudán del Sur.

Desde 2014, en que se experimenta su tránsito al integrismo religioso más extremo, hasta la fecha, han sido responsables de unas 7 mil muertes, tanto de militares como de civiles. Muchos de ellos, tras haber sido tomados prisioneros, son decapitados y sus cuerpos abandonados, todavía sujetos por la espalda, en rutas y caminos principales como advertencia a aquellos que todavía tengan dudas de para qué están allí esos muyahidines.

Las fronteras como único recurso

La cada vez mayor volatilidad del este de la RCA ha obligado al presidente, Félix Tshisekedi, a establecer el estado de sitio en Ituri y Kivu del Norte en mayo de 2021, donde las autoridades civiles fueron reemplazadas por militares a quienes también se les han dado poderes excepcionales. A un año de decretarse el estado de sitio la violencia no ha disminuido incluso bajo la presión establecida por las operaciones conjuntas del ejército ugandés y las FARDC (Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo).

La RDC además cuenta con la asistencia de unos 15 mil hombres de la Misión de Mantenimiento de la Paz de la ONU (MONUSCO) destinada principalmente para combatir contra el Movimiento 23 (M23), otra de las grandes organizaciones terroristas que existen en el país aunque las ADF, hoy la organización más poderosas de las 120 que operan en la región, han incrementado su número mediante el secuestro y el reclutamiento de niños, a quienes obligan a matar a prisioneros para endurecerlos. Lo mismo pasa con las mujeres cautivas, que son obligadas convertirse al islam, aprender árabe, casarse con militantes y asesinar a otras mujeres y niños.

La magnitud del uso de la violación de mujeres como un arma más de guerra, ampliamente usada en el conflicto de la RDC, ha llevado al ginecólogo y pastor pentecostés Denis Mukwege a realizar un profundo estudio sobre la cuestión, por lo que fue distinguido con el Premio Nobel de la Pazen 2018.

Una de las grandes razones de que las operaciones militares no avancen en la región es que los efectivos regulares están peor armados que los hombres de las ADF y que también, dados sus bajos sueldos, suelen aceptar sobornos de los terroristas brindando información fundamental, entregando guarniciones y armas y rehuyendo los combates.

El fracaso de los militares en la lucha contra los terroristas ha obligado a muchas comunidades de la región a armarse y formar milicias de autodefensa como los Mai-Mai, organizados por antiguos militares, jefes tribales y de aldeas, que fueron fundamentados con misteriosos ritos animistas por los que se convence a sus hombres de que son inmunes a las balas enemigas. Estos grupos se han extendido a muchas provincias del país y en la práctica, dada su autonomía del Gobierno central, son una fuerza más en la compleja crisis de seguridad de la RDC.

Como resultado, la guerra que se lleva en el este congoleño obliga de manera constante a miles de ciudadanos a abandonarlo todo, fundamentalmente sus pequeñas explotaciones agrícolas, para escapar rumbo a Uganda, donde otras oleadas de violencia ya habían obligado a casi dos millones de ellos a refugiarse en el país vecinos, mientras que en esta nueva situación, desde el mes de marzo se están registrando unos quinientos congoleños por día que optan por escapar a Uganda. La mayoría de ellos son concentrados en centros de detención, en procura de aclarar su situación y evitar así la entrada de militantes y dar tiempo en espera de que la situación en su país se normalice y puedan volver sin demasiadas esperanzas de encontrar la paz definitiva.