Estados Unidos es tal vez el país en el mundo que más habla de democracia y derechos humanos para esconder la podredumbre de una sociedad de consumo donde se acude a sucias  acciones para ganar dinero, ese dios que no tiene frontera.

Recientemente, la publicación en línea Resumen Latinoamericano, el día 29 de agosto de este año publicó el artículo  "Estados Unidos: Niños por dinero", otro caso espeluznante de corrupción en las cárceles privadas, un fenómeno ramificado en el país y que deja a algunos ganancias multimillonarias, mueve resortes de poder y financia campañas políticas, incluso las de algunos presidentes.

El informe suscrito por Andrés Gaudin retoma un tema que toca las fibras de cualquiera que tenga un poco de humanidad y conciencia. Lo expuesto es  algo desgarrador y repudiable.

Jueces de Pensilvania condenaron a menores en unos cuatro mil 500 juicios exprés para que las prisiones recibieran fortunas del Estado. Los lazos políticos de los dueños. Trazos de una democracia en decadencia, expone Gaudin en su recuento de esta sórdida y criminal actividad hecha negocio. Es algo desalmado que recuerda el slogan de muchos estadounidenses "Negocios son negocios".

Te puede interesar

Piensa un momento. Por Bouthaina Shaaban 

Miles de personas que en la primera década del siglo eran niños y hoy son hombres destruidos, si no están muertos, fueron entregados por dos jueces de causas comunes del Estado norteamericano de Pensilvania a cárceles privadas que, engrosando el número de reclusos a su "cuidado", agigantaron los subsidios recibidos del Estado, plantea el informe.

Según una investigación judicial que acaba de concluir, el caso conocido como Kids for Cash (niños por dinero) les reportó a los jueces unos sobornos de por "al menos 2,8 millones de dólares" y a los dueños de las prisiones una "cifra exorbitante por pagos del Estado en hotelería, catering, servicios de salud mental y otros ocho ítems". Trazos, apenas, de una democracia decadente.

Se ignora aún si algún día rendirá cuentas ante la Justicia el gobernador fascista de Tennessee, Bill Lee, responsable de la Junta Escolar que prohibió la lectura en las escuelas de más de 250 obras literarias, entre ellas Maus, una novela gráfica Premio Pulitzer sobre los horrores del Holocausto, señaló el texto.

Christopher Conner, el magistrado federal que investigó a Mark Ciavarella y Michael Conahan, los jueces corruptos de Pensilvania, se refirió a los niños del Kids for Cash como "las víctimas trágicas de un escándalo de proporciones épicas". Más allá de su grandilocuencia, condenó a los promotores de la Tolerancia Cero, porque con ella se garantizó que una legión de niños se convirtiera como por arte de magia en temibles delincuentes que llenaron las celdas de las "casas de cuidado infantil" PA Child Care y Western PA Child Care.

Para facilitar las cosas, los jueces lograron primero cerrar un centro municipal infanto-juvenil, con lo que no quedaba otra opción de que los niños, desde los ocho años, fueran recluidos en las mismas condiciones que los adultos, plantea la denuncia.

Bochornosamente y como una burla a cualquier atisbo de justicia los  jueces mandaron a la cárcel a niños por "delitos" tales como hacerle morisquetas a un celador del colegio o entrar a una oficina sin pedir permiso. Todo pasaba porque en esos juicios express los chicos no podían ni ver a un familiar, si lo tenían, o ser asistidos por un abogado. Conner fue fulminante en los considerandos de su fallo: "Olvidaron su juramento –señaló–, sus acciones crueles y despreciables victimizaron a una población vulnerable, en la que muchos de sus integrantes sufrían problemas emocionales y de salud mental".

Plantea Gaudin que así como en Pensilvania se llenaron las prisiones con niños, a nivel nacional la cosa no es diferente. Entre los años 2000 y 2020 –últimos datos divulgados– la población carcelaria privada creció cinco veces más rápido que la población carcelaria general.

Entre los migrantes, la situación es aún peor. El 73 por ciento de quienes pretendieron cruzar la frontera sin papeles en regla fue devuelto a sus países de origen o puesto en manos de los agentes privados del sistema, conocidos por recortar los servicios básicos para maximizar sus ganancias.

Señaló el autor del informe que más allá de la perversidad de los jueces y de la inoperancia de un aparato judicial que les permitió destruir la vida de miles de niños, Kids for Cash muestra que, contra la proclamada excepcionalidad estadounidense y la propaganda Made in USA para presentarse al mundo como un ejemplo, allí está instalada una corrupción tan dañina como en otros países".

El establishment buscó apagar el incendio reduciendo el tema al papel repugnante de los jueces, pero el Kids for Cash mostró además la corrupción que lleva el uso naturalizado de los sobornos en los altos estratos.

Te puede interesar

La "guerra financiera" de Rusia y China contra Occidente. Por Alastair Crooke

Antes del caso, los más fieles defensores de la democracia habían denunciado a GEO Group y Corecivic –las mayores inversoras del negocio carcelario y, casualmente o no, las beneficiarias de la corrupción pensilvana–, como dos de los mayores donantes a las campañas electorales, sostiene Gaudin.

Entre los receptores de sumas multimillonarias nombraron a dirigentes de ultraderecha. Entre ellos, y en primer lugar, a Donald Trump y, luego, los legisladores Marco Rubio, Ileana Ros-Lethinen y Bob Menéndez, republicanos y demócratas, los tres hijos de la comunidad cubana de Miami.

La publicación puso sobre el tapete uno de los negocios más aborrecibles de un país que se vende como el de las oportunidades y habla de "el sueño americano".

Ya no es un secreto que las cárceles privadas son un oscuro negocio de una industria en expansión que posee un lobby del que nadie habla. Hay dinero para repartir a costa de la sangre  y la miseria humana.

Estados Unidos es el país del mundo con más gente en la cárcel. Más de un millón y medio de personas están en prisiones estatales o federales, cifra que asciende a más de dos millones si se suman las detenciones en cárceles locales, centros de menores o de inmigrantes y dependencias militares.

La red de prisiones cuesta al contribuyente más de 80 mil millones de dólares al año, una tercera parte de todo el presupuesto del Departamento de Justicia. La masificación de las cárceles estadounidenses es un problema enquistado. Pero solo es la punta del iceberg. Si se introduce el bisturí en el renglón del negocio privado se verá que los cientos de detenidos trabajan y son partes de un prospero negocio en la producción desde quesos, cereales, partes de maquinarias, entre otros, que engrosan las ganancias de las grandes industrias.

En el país floreció  la compañía llamada Corrections Corporation of America, ahora conocida como CoreCivic. En la primera mitad de los 80, el operador tomó el control de una prisión en Texas. Actualmente, CoreCivic gestiona 65 instalaciones federales y estatales, diseñadas para albergar a 90 mil  personas. Vale la pena señalar que en 2020 el volumen de negocios de la corporación correctora ascendió a no menos de un millón 900 mil dólares, según datos bursátiles de GEO Group y CoreCivic.

En 2020, Geo Group reportó ingresos totales de dos millones 350 mil e dólares, en comparación con dos millones480 mil  para el año completo de 2019.

Niños por dinero,  es apenas la punta del iceberg de este inframundo de miserias humanas, despiadado en su esencia y concepción, que prosigue su andar tenebroso y deja profundas huellas en Estados Unidos y otros países lacayos que lo emulan.