Un arma calibre 38, cargada con cinco balas, no disparó en la noche del 1 de septiembre y la  vicepresidenta argentina y también titular del Senado Cristina Fernández milagrosamente quedó con vida ante miles de partidarios que acostumbran a recibirla con vítores en el barrio Recoleta en Buenos Aires, donde reside.

Llamado Fernando Sabag Montiel, el agresor nació en Brasil, pero vive en el vecino país posiblemente hace más de tres décadas, pues sus documentos de residencia datan de 1993.

Tras fallar su artefacto de guerra a solo pocos centímetros de la cabeza de Fernández, el sujeto de 35 años quedó detenido y se niega a declarar. Medios periodísticos aseguran que tiene antecedentes criminales y supuestas conexiones con grupos extremistas.

“Creo que el sentido común indica que tenemos que tomar esto como una advertencia. El sentido común indica que necesitamos estar alertas con lo que puede suceder en Brasil”, advirtió Lula al conocer la procedencia del atacante y la escalada de violencia política en el gigante suramericano, a menos de 30 días de la elección.

La embestida armada contra Fernández solo ratificó, según el extornero mecánico, el peligro que enfrenta la democracia en la región y para algunos analistas, el odio que destilan políticos resulta la venganza de cobardes amilanados.

De igual manera la frustrada conjura en Buenos Aires corroboró el llamado reciente que hizo la Policía Federal (PF) de pedir apoyo para la protección del abanderado presidencial del Partido de los Trabajadores (PT) a la votación del 2 de octubre, después del acceso ampliado a las armas durante la gestión del mandatario de tendencia ultraderechista Jair Bolsonaro.

Serie de infortunios

En un documento dirigido a las superintendencias regionales, la PF cita una serie de infortunios que justifican el refuerzo de salvaguardia al exsindicalista.

Menciona el crimen del vigilante municipal Marcelo Arruda ocurrido en la madrugada del 10 de julio, cuando el policía penal federal Jorge Guaranho interrumpió a tiros la fiesta del cumpleaños 50 del miembro del PT (armado también) en la sede de la Asociación Deportiva Salud Física Itaipú, en el sureño estado de Paraná.

"El contexto político y social en el que se realizará la operación de seguridad está compuesto, entre otras adversidades, por opositores radicalizados y acceso a armas de letalidad ampliada resultante de los cambios legales realizados en 2019", indica un extracto del oficio, citado por el diario Folha de Sao Paulo.

Además del asesinato de Arruda, el pliego también esboza el atentado perpetrado contra un autobús de la caravana de Lula en Paraná, en 2018. El vehículo fue baleado por disparos, pero no se reportaron heridos.

El equipo de la PF definido para resguardar al exgobernante, trabaja con la codificación de riesgo máximo, en una escala del uno al cinco, teniendo en cuenta las constantes intimidaciones.

Tal clasificación permite que Lula tenga seguridad diaria en todos los eventos, incluso en su rutina fuera de la agenda de la campaña electiva.

"Su nivel será cinco siempre, en la escala de uno a cinco. Si fuera de uno a 10, con certeza sería 10", puntualizó un agente vinculado al actual comando de la PF e involucrado directamente en la protección del líder petista.

Corresponde a la PF garantizar la seguridad del exmetalúrgico y de los demás candidatos al poder, a excepción de Bolsonaro, quien, por desempeñarse como presidente, tiene protección del Gabinete de Seguridad Institucional.

Fuentes cercanas al excapitán del Ejército aseguran que ahora hace campaña con un chaleco antibalas. Muy precavido tras ser acuchillado en la de 2018.

"La garantía de elecciones libres presupone el mantenimiento de la incolumidad física de los candidatos, sin la cual viciaría todo el proceso electoral y consecuentemente el régimen democrático", precisan en el escrito tres delegados designados para comandar el esquema de seguridad del exdirigente obrero.

Expuesto y vulnerable

El entorno de Lula reconoce los riesgos inherentes a la campaña, en un momento de polarización política e incuestionables coacciones.

Pero, a pesar de riesgos evidentes, el expresidente debe continuar haciendo acción proselitista como es su estilo, lo cual implica interactuar con la población y caminar con la multitud, quedando expuesto y vulnerable.

"Es la manera de él. Tenemos que conciliar la manera de Lula hacer campaña y la seguridad. De lo contrario, se vería impedido de hacerla, y han sido victoriosas", afirmó el abogado Wadih Damous, exdiputado federal y cercano al aspirante al Palacio del Planalto (sede del Poder Ejecutivo).

Señaló que si el exjefe de Estado resulta impedido de caminar con la multitud por amenaza de violencia, sería victoria de los agresores.

"Pero no puedes pedirle que no haga campaña. No podemos dejar de exigir al Estado la protección a los candidatos, particularmente a Lula", agregó Damous. A pesar de que hay milicianos y fascistas encastillados en el Estado brasileño, observó el jurista, se adoptaron medidas de seguridad rigurosas.

Pero estas precauciones, incluso estrictas, pueden no ser suficientes, admiten los organizadores de la cruzada para ganar votantes. Aun así, está fuera de discusión pedirle a Lula que se quede en casa y haga campaña por Internet.

En la evaluación de Damous, el atentado que mató el 8 de julio al ex primer ministro japonés Shinzo Abe, mostró que la violencia política es un problema mundial.

"Resulta un patrón que está ocurriendo en el mundo, de violencia política. Tenemos que entender esto y tomar las medidas adecuadas. Pero no se deje derrotar por eso", subrayó el exlegislador.