La defensa de la vida de los ciudadanos y ciudadanos es uno de los principios ético-políticos de todo gobierno que se considere electo por el pueblo para el pueblo y con el pueblo. Si asumimos la idea anterior como una condición sine qua non para delimitar que es una democracia y que no es una democracia podemos generar una mayor claridad analítica y teórica para describir a los fenómenos políticos con una objetividad apropiada.

En América Latina hemos visto en los últimos años como han surgido “democracias violentas”, las cuales se han caracterizado por aplicar la violencia del Estado a los ciudadanos disidentes que no han estado de acuerdo con las formas de construcción del poder desarrolladas por las diversas élites políticas hegemónicas. La represión gubernamental en Chile contra las protestas sociales que buscaban un cambio constitucional hace tres años fueron un claro ejemplo de ello, el caso peruano actual se encuentra en la misma dirección sólo que antes las élites políticas neo fujimoristas tuvieron que destituir al presidente electo constitucionalmente (una constitución de origen dictatorial), Pedro Castillo.

Después del episodio de la destitución, ocurrieron una serie de eventos políticos que es importante describir y analizar para comprender y caracterizar la configuración del actual regimen político peruano el cual evidentemente no es regimen estrictamente democrático, sino que se acerca más bien a una “democracia delegativa” radicalizada en dónde la violencia institucionalizada ejercida desde el Estado por las élites hegemónicas hacía los sectores populares movilizados por demandas democratizadoras han sido duramente reprimidos por las fuerzas armadas y policiales peruanas con un saldo que ya supera los 47 ciudadanos y ciudadanas asesinados por las fuerzas del orden instituido autoritariamente.

El primer evento fue la destitución del Presidente Constitucional Pedro Castillo, el argumento básico para justificarla consistió en partir de un hecho concreto realizado por Castillo: Su intento de cerrar el congreso apelando a las reglas de juego diseñadas por la Constitución de 1993. La decisión de Castillo, desatinada y desesperada, coronó una serie de decisiones equivocadas que tomó desde su llegada a la Presidencia de la República, mí hipótesis es muy sencilla, Castillo fue empujado a tomar esa decisión la cual significó básicamente su suicidio político.

Las acciones que terminaron por acorralar al profesor rural fueron las siguientes:

1. La candidata de la ultraderecha neo fujimorista. Keiko Fujimori al igual que Trump y Bolsonaro no aceptó nunca su derrota y descalificó a las instituciones electorales, además, movilizó a sus partidarios los cuales acosaron a las autoridades electorales en sus casas y centros de trabajo.

2. El congreso, integrado en su mayoría por congresistas de partidos de derecha de origen fujimorista acosaron institucionalmente a Castillo y a su gabinete, negándoles el voto de confianza en algunos casos o censurando a sus ministros. Obstruyeron al ejecutivo constantemente.

3. Los medios de comunicación en manos de la oligarquía peruana se dedicaron a destruir la imagen política de Castillo y sus aliados.

4. El fuego amigo, el Partido Perú Libre liderado por Vladimir Cerrón, en teoría de izquierdas y aliado de Castillo, Cerrón trató de imponerle una agenda política y de contrataciones al interior del aparato estatal al jefe del ejecutivo peruano y al no poder hacerlo decidió sumarse al boicot político. En suma, Castillo llegó al momento en que tomó la decisión de cerrar el congreso abandonado por sus aliados y acosado por sus enemigos políticos.

¿El gobierno de Dina Boluarte puede ser caracterizado de izquierda? Hay tres indicadores que son fundamentales para delimitar ideológicamente al gobierno actual:

1. El carácter represivo para combatir las protestas sociales;

2. El voto de los congresistas que le dieron la confianza al actual gabinete y;

3. La continuidad de la constitución de 1993 y del modelo económico neoliberal impuesto por Fujimori. En cuanto al primer indicador se observa claramente el talante represivo del actual gobierno, 47 muertos, centenares de heridos y decenas de detenidos son una clara muestra del carácter antipopular del gobierno de Dina Boluarte.

El voto de los congresistas para darle la confianza al gabinete Otárola, propuesto por Boluarte fue una muestra del nuevo pacto político. Los congresistas provenientes de los tres partidos neo fujimoristas: Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País votaron a favor de darle la confianza al gabinete Otárola, responsable de las masacres recientes en Juliaca. Setenta y tres 73 congresistas votaron a favor del gabinete Otárola, 42 en contra y 6 se abstuvieron. Los votos de aprobación fueron todos de los partidos neofujimoristas y los votos en contra de los partidos de izquierda. Es decir, los congresistas de los partidos políticos opositores al gobierno de Pedro Castillo ahora son oficialistas y los partidos de izquierda que apoyaron intermitentemente a Castillo ahora son de oposición al gobierno de Dina Boluarte.

La nueva alianza política significa el retorno de la derecha más retrógrada al poder en el Perú. Ya controlan los tres poderes de la república andina: Legislativo, ejecutivo y judicial. Lo que seguramente le garantizara la impunidad requerida para continuar con sus políticas represivas y genocidas en las sierras del sur del Perú y el cierre de los juicios por corrupción que afronta su lideresa Keiko Fujimori.

Esta ofensiva de la derecha neofujimorista sólo es confrontada por los movimientos sociales integrados por campesinos y pobladores urbano populares del centro y el sur del Perú los cuales se encuentran resistiendo la brutal represión del gobierno autoritario de Dina Boluarte quien llego a la vicepresidencia de la mano de los votos de la ciudadanía que ahora mismo está masacrando. Respondiendo a la pregunta con la que iniciamos esta nota podemos concluir que el gobierno de Dina Boluarte no es una democracia porque no respeta el sentido de los votos de la elección del 2021 y porque asesina a la ciudadanía disidente en defensa del modelo neoliberal y de la Constitución autoritaria de Fujimori. Los derechos humanos para la recalcitrante derecha peruana siempre han sido una invención de los comunistas para destruir al “occidente peruano”, al libre mercado y al orden político hegemónico.

El punto es el creciente ascenso de los movimientos sociales en el Perú. Las protestas y movilizaciones que hasta hace unos días se concentraban en el sur, se están propagando hacía todo el país y si bien no poseen una dirección política centralizada, cuentan con dos motivos que vertebran sus demandas: “Nuevas elecciones generales y una asamblea constituyente”. Por otra parte, la derecha neofujimorista y Dina Boluarte no contaban con el papel disruptor de las redes sociales. Los videos difundidos por WhatsApp, Instagram, Facebook y Twitter han roto el cerco informativo impuesto por los medios de comunicación oligárquicos y la indignación popular se está extendiendo a la misma velocidad que se difunden las violaciones a los derechos humanos por parte de la policía y las fuerzas armadas, serviles al proyecto neo fujimorista. Cómo alguna vez dijo el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, “Benditas redes sociales” y con mucha razón, en esta difícil coyuntura han roto el cerco comunicacional de los poderosos y generan poderosas imágenes que indignan crecientemente a una sociedad civil en movimiento. Los dados del poder en el Perú no han dejado de rodar aún.