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En lo que va del presente año, efectivos policiales y militares del régimen israelí han dado muerte a 34 palestinos, más de uno por día, en lo que constituye una muestra inicial del gobierno ultraderechista que preside Benjamin Netanyahu.

Tales asesinatos han exacerbado las respuestas violentas por parte de pobladores de los territorios ocupados, como el lanzamiento de cohetes desde Gaza hacia territorio de "Israel" y un tiroteo en el que un palestino mató a siete personas en una sinagoga situada en la parte árabe de Jerusalén.

El secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, exhortó a ambas partes a que adopten “medidas urgentes para recobrar la calma y una desescalada, y agregó que su gobierno desea “restablecer un sentimiento de seguridad para los israelíes y los palestinos”.

El llamado expresa, una vez más, la hipocresía tradicional del Washington ante el conflicto, en la medida en que pretende tratar por igual a dos bandos colocados en extrema desigualdad: por un lado, las autoridades de una potencia militar ocupante, históricamente construida con los auspicios de Estados Unidos mismo, y por el otro, una población saqueada, explotada, empobrecida, oprimida y expuesta a una bárbara violencia represiva cotidiana.

En tales circunstancias, la pretensión de responsabilizar por igual a los palestinos y al régimen israelí por la enésima escalada de violencia implica ignorar los robos territoriales, la manipulación demográfica, la limpieza étnica y la sistemática denegación de derechos humanos y colectivos a la que los primeros han sido sometidos por décadas, con la complicidad activa de Estados Unidos y de sus principales aliados, los cuales han armado y financiado a "Israel", lo han convertido en socio comercial privilegiado y han dejado pasar los crímenes de lesa humanidad cometidos por éste en contra de la población árabe de Palestina.

Paradójicamente, los gobiernos referidos tienen perfectamente claro que la forma de resolver 75 años de conflicto es clara: dar cumplimiento a las resoluciones 242 y 338 de la Organización de Naciones Unidas, que ordenan a la potencia ocupante retroceder a sus límites previos a 1967 y dar paso así a la única solución sensata y legal: la conformación de un Estado palestino en la Cisjordania ocupada, Gaza y la Jerusalén oriental, a la que los palestinos llaman Al Quds y en donde aspiran a asentar su capital.

Cierto es que los gobiernos israelíes han recurrido a toda clase de subterfugios para impedir ese desenlace y han alejado, con ello, la perspectiva de paz y seguridad que su pueblo merece; y es claro, hoy más que nunca, que sin la voluntad política de Europa y Estados Unidos resulta imposible la aplicación de una salida justa a la trágica situación de los palestinos.