Quiebras bancarias: fracaso regulatorio

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El presidente de la Confederación Helvética, Alain Berset, anunció ayer la compra del quebrado Credit Suisse por UBS, la mayor empresa bancaria de Suiza. De esa forma, estimó el mandatario, será posible restaurar la confianza tras los hundimientos de varios bancos y la consiguiente tormenta en los mercados mundiales. Tanto la entidad compradora como la que será absorbida están incluidas entre los 30 bancos más importantes para el sistema financiero mundial.

Debe recordarse que en sólo cuatro días –del 9 al 12 de marzo– tres bancos estadunidenses cerraron sus operaciones de manera abrupta, y en la siguiente semana uno más estuvo a punto de correr el mismo destino.

Tal secuencia de quiebras desató el temor de un contagio al sistema financiero global y a la inminencia de una crisis mundial como la de 2008, cuyos efectos tardaron una década en disiparse. En México, la onda expansiva de estos colapsos se hizo sentir en el retroceso de la moneda frente al dólar, que borró buena parte de los avances de los meses recientes.

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Las quiebras de Silicon Valley Bank (SVB) y de Signature Bank generaron conmoción no sólo por su práctica simultaneidad, sino por ser el segundo y tercero mayores colapsos financieros en la historia estadunidense. De inmediato dejaron al descubierto que las regulaciones aplicadas tras la crisis de 2008 distan de ser todo lo estrictas y robustas que se ha pretendido, recordando que los bancos tienen amplio margen para llevar adelante prácticas que ponen en riesgo su viabilidad.

Asimismo, muestran la irracionalidad intrínseca del modelo económico aún vigente, pues la caída de SVB fue propiciada por un evento de pánico entre sus clientes, que retiraron 42 mil millones de dólares en apenas 10 horas, llevando a la entidad a una insolvencia inducida.

Las respuestas de los gobiernos han buscado disipar el miedo a un efecto dominó y tranquilizar a los mercados, con la certeza de que no habrá nuevas quiebras ni una propagación a otros sectores de la economía.

En el caso estadunidense, la medida más llamativa ha sido la garantía de que todos los depósitos de SVB serán respaldados por la Reserva Federal, el Departamento del Tesoro y la Corporación Federal de Garantía de Depósitos (FDIC), de modo que ningún cliente del banco intervenido por las autoridades perderá sus fondos. Esta política pasa por encima de las obligaciones legales de la FDIC, cuyo seguro (que debe ser contratado por los bancos) cubre únicamente los depósitos menores a 250 mil dólares.

Si se considera que el 96 por ciento de los de SVB eran superiores a ese monto, queda claro que el rescate con fondos públicos está dirigido a empresas y personas ricas, que eran las principales clientes del banco orientado a la boyante industria tecnológica asentada en la región californiana que le daba nombre.

Es inevitable notar el paralelismo con lo ocurrido en 2008, cuando el contexto de crisis fue usado por el gobierno de Washington (y por otros) para justificar una masiva inyección de dinero público que acabó favoreciendo a los más pudientes. Entonces, como ahora, se acalló el debate sobre el carácter inmoral y peligroso de un aparato regulatorio institucional que privatiza las ganancias, pero socializa las pérdidas, como se hizo en México en la década anterior con el Fobaproa-Ipab.

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VEA TAMBIÉN: Cómo Joe Biden y la Reserva Federal hicieron que Silicon Valley Bank se hundiera

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En el caso de Credit Suisse, se ha encontrado al menos una fórmula que atenúa el impacto de su quiebra en el conjunto de la economía helvética y de la ciudadanía suiza. Sin embargo, en uno y otro caso, las medidas de contención son meros parches circunstanciales a un sistema financiero mundial insuficientemente regulado y consagrado a la especulación pura –cuando no al resguardo de dineros de dudosa procedencia, como suelen hacerlo los bancos suizos– y no a impulsar la producción y el desarrollo. En consecuencia, el sistema en su conjunto se encuentra a merced de la irracionalidad y las reacciones viscerales de los agentes económicos.

Es evidente la urgencia de una estrecha regulación nacional e internacional que contribuya a evitar que malas decisiones de banqueros, inversionistas y dueños de grandes capitales lleven a crisis financieras cuyos efectos trágicos terminan afectando a toda la población, en particular a la más vulnerable.