La afluencia de inmigrantes a Estados Unidos sigue poniendo de manifiesto la actitud desdeñosa y profundamente controvertida de Washington hacia los derechos de los inmigrantes. Un informe conjunto elaborado por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y la Iniciativa Fronteriza Kino (KBI) ofrece los últimos datos sobre el ejercicio de la fuerza letal por parte de muchos agentes fronterizos estadounidenses y su violencia física contra niños y mujeres, así como casos documentados de acoso sexual, falsificación de pruebas y elaboración de perfiles raciales. 

El gobierno de Biden tiene la costumbre de hacer promesas retóricas sobre la protección de los derechos cada vez que los grupos de defensa aumentan la presión y obligan al gobierno a poner fin a la discriminación violenta en la frontera. Está incumpliendo dolorosamente sus propios compromisos de gobernar de buena fe, como la apertura de "centros de procesamiento" en Centroamérica y Sudamérica para evitar que los inmigrantes arriesguen sus vidas para llegar a la frontera sur. A día de hoy, la administración se ha retractado descaradamente de su pretensión de construir los centros con éxito, optando por experimentar con el destino de miles de migrantes bajo el ropaje de una democracia libre y justa.

Estas evidentes realidades echan por tierra el mito de que el presidente estadounidense Joe Biden se ha comprometido a ofrecer un "sistema de inmigración seguro, ordenado y humano". Después de todo, el personal clave de las fuerzas de seguridad fronterizas de Estados Unidos sigue eludiendo descaradamente la rendición de cuentas por sus abusos documentados contra los derechos, todo ello bajo la vigilancia del Estado. Al mismo tiempo, ese excepcionalismo contribuye a una cultura de discriminación contra los segmentos migratorios que constituían la columna vertebral de algunas de las ciudades más diversas de Estados Unidos.

Procedentes de distintas partes del mundo, miles de inmigrantes siguen arriesgando sus vidas, familias, medios de subsistencia y libertades para entrar en Estados Unidos, sólo para enfrentarse al espectro de las crecientes detenciones en la frontera. Ciudades como Nueva York también representan un esfuerzo consciente por rechazar a diversos segmentos de migrantes, alegando falta de espacio disponible mientras las autoridades acusan a los migrantes de sobrecargar los servicios públicos. Todas estas conjeturas van en contra de las altas promesas del gobierno de dar prioridad a los derechos de los solicitantes de asilo. Decenas de ellos se ven obligados a dormir en la calle y escuchan amenazas locales sobre restricciones fronterizas aún más estrictas de aquí en adelante. En medio de estas amenazas, las autoridades de Nueva York se han negado descaradamente a cumplir su propia obligación legal: ofrecer alojamiento gratuito a todos los que lo soliciten. 

Mientras tanto, cada vez está más claro que el gobierno de Biden no tiene ningún interés significativo en someter a los agentes de la patrulla fronteriza estadounidense a todo el peso de la ley. La mayor parte de las denuncias presentadas por un grupo de defensa de los derechos de los inmigrantes no han producido ningún resultado de rendición de cuentas por parte del gobierno sobre las violaciones de derechos. Al mismo tiempo, los desafíos legales a los que se enfrenta la gestión de Biden de la frontera entre Estados Unidos y México siguen aumentando.

La ausencia de una supervisión legal suficiente sobre las fuerzas de la patrulla fronteriza estadounidense da vía libre a más casos de elaboración de perfiles raciales, creando una cultura de impunidad que corre el riesgo de aumentar el acoso sexual a los migrantes. La retórica de la administración Biden sobre la obtención de "más recursos para la seguridad fronteriza que ninguno de los presidentes anteriores" también es contraproducente, dadas las impactantes revelaciones de uso de fuerza letal contra los migrantes por parte del mismo personal fronterizo. El resultado final es una norma de justicia distinta para decenas de migrantes indefensos que entran en Estados Unidos, en comparación con las protecciones de las que gozan muchos ciudadanos estadounidenses.

Para una administración que afirma sentir "compasión" por la comunidad inmigrante, el uso que hace de la discriminatoria tecnología de reconocimiento facial cuenta una historia radicalmente distinta. Pensemos en la polémica aplicación electrónica "CBP One" de Biden para los solicitantes de asilo, que ha sido objeto de críticas mordaces por restringir el acceso al sistema para favorecer a algunos segmentos privilegiados de inmigrantes en detrimento de otros. En la llamada democracia estadounidense, también se sospecha que la misma aplicación discrimina a los negros y a las personas de piel más oscura. Por lo tanto, hay signos evidentes de que los disturbios ampliamente condenados en la frontera sur de Estados Unidos simplemente no fueron suficientes para forzar un cambio en la insensibilidad de la administración Biden hacia las comunidades de refugiados marginadas. Decenas de inmigrantes desfavorecidos siguen confinados en los márgenes, mientras la administración Biden pregona una narrativa de éxito e interpreta las críticas como un ataque político de derechas.

Washington tampoco está en posición de dictar los contornos de una gestión eficaz de la frontera al vecino México. Al fin y al cabo, el gobierno de Biden ha hecho varios esfuerzos por desviar la culpa de la negligencia de su propia patrulla fronteriza hacia los pasos de México, presionando a su vecino para que gestione una crisis migratoria que es principalmente de su propia cosecha. Biden tardó bastante tiempo en dejar atrás la tristemente célebre política del Título 42 de la era Trump, conocida por permitir deportaciones sin control de decenas de migrantes sin motivos firmes. 

Y, sin embargo, las deportaciones masivas siguen aumentando bajo la vigilancia del propio Biden. Es Washington -no México- quien sigue haciendo la vista gorda ante el arraigado abuso fronterizo que abarca la intimidación habitual, la expulsión deliberada de migrantes y la denegación de alimentos, agua y asistencia médica cuando se necesita.

Todo ello en presencia de las denominadas mejores prácticas de control fronterizo, que son una burla de las libertades democráticas pregonadas en el centro. Como resumió recientemente el abogado especializado en inmigración Michael Foote, los migrantes que llegan a la frontera "siguen enfrentándose a un sistema muy sobrecargado y anticuado, y el gobierno de Biden está haciendo lo mínimo para apoyar a los migrantes."