De forma discreta y bajo la lupa pública, el gobierno israelí presiona con fuerza para imponer la soberanía sobre Cisjordania mediante una serie de proyectos de leyes "menores" que se espera provoquen cambios fundamentales en la realidad de los territorios palestinos en Cisjordania.

Estos proyectos son fruto de la política del ministro de Finanzas Smotrich de "eliminar la amenaza de un estado terrorista palestino". Esta misión la ha llevado a cabo como parte de sus esfuerzos por establecer hechos sobre el terreno que impidan cualquier posibilidad de un futuro acuerdo político que incluya una solución de dos Estados, o cualquier concesión israelí en estos territorios. Esto equivale, en la práctica, a una "anexión no oficial" por parte de “Israel”.

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Paralelamente, al aplastamiento sistemático de la presencia palestina sobre el terreno por parte de las fuerzas de ocupación y los proyectos de asentamiento en Cisjordania, miembros de la coalición gobernante de derecha israelí promueven una serie de planes de leyes aparentemente "menores", que, en conjunto, buscan generar cambios radicales en la realidad política, demográfica y de seguridad de Cisjordania.

Después de la decisión del Gabinete israelí de permitir la conversión de tierras de Cisjordania en tierras estatales, la Comisión de Asuntos Exteriores y Defensa de la Knéset debatió una propuesta que otorga a los colonos el derecho a comprar tierras incluso dentro de las comunidades palestinas.

El proyecto de ley, denominado "Eliminación de la Discriminación en la Compra de Tierras en Judea y Samaria", otorga a los colonos el derecho a comprar tierras más allá de la Línea Verde, incluso dentro de las comunidades palestinas, y a establecer bloques de asentamientos al margen de la supervisión estatal.

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La Comisión de Supervisión del Fondo Ciudadano Israelí, presidida por el diputado del Likud, Nissim Vaturi, con la participación del ministro de Energía e Infraestructura, Eli Cohen, debatió la conexión de los asentamientos de Cisjordania al gas natural. 

Además, la diputada por el sionismo religioso Simcha Rothman aprobó su proyecto de ley para su primera lectura en la Comisión de Constitución y Legislación la semana pasada. Este propósito consagra legalmente el término "Judea y Samaria" (el nombre bíblico de Cisjordania) como nombre oficial de toda la legislación israelí relativa a Cisjordania, lo que consolida los asentamientos en territorios palestinos más allá de la Línea Verde.

Algunos miembros de la coalición impulsan la "Ley de la Autoridad de Antigüedades", la cual transferiría la autoridad sobre los sitios arqueológicos y las excavaciones en Cisjordania del ejército israelí a la Autoridad de Antigüedades de “Israel”, una jurisdicción gubernamental civil. 

También existe una propuesta para modificar la ley y congelar los fondos pagados por la Autoridad Palestina en relación con el terrorismo, provenientes de capitales transferidos por el gobierno israelí. Con esta enmienda, “Tel Aviv” recibiría una compensación proveniente de los fondos retenidos de la Autoridad Palestina. 

Esto se suma a la decisión aprobada por el Gabinete Político y de Seguridad israelí a principios de esta semana, según la cual la Dirección de Asentamientos, bajo la dirección del ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, comenzará a realizar estudios en  Cisjordania en las próximas semanas, lo que conducirá a la anexión estatal de más tierras palestinas.

Esta decisión pretende reanudar el proceso oficial de tomar tierras por parte del Estado de “Israel” y detener los intentos de la Autoridad Palestina de implementar procedimientos en la Zona C, clasificada según los Acuerdos de Oslo. Esto implica anular todas las operaciones emprendidas por la Autoridad Palestina en estos territorios, considerándolos legalmente inválidos en el Estado de “Israel”.

Este es, de hecho, un paso más en una serie de medidas drásticas y aceleradas que se han dado en Cisjordania en los últimos dos años, en particular tras la abolición casi total de las competencias de la Administración Civil Israelí, el establecimiento de la Dirección de Asentamientos de Tierras, la conversión de los permisos de construcción en los asentamientos a permisos semanales, la ampliación del alcance de las granjas, y la declaración de varias zonas palestinas como tierras estatales.

También pretende resolver uno de los obstáculos que enfrentan los colonos en sus esfuerzos por expandirse: la cuestión de las "tierras palestinas privadas", cuyos propietarios demostraron su propiedad ante los tribunales israelíes desde la época del dominio jordano, con lo cual   impide la creación de nuevos asentamientos en ellas.

Con la aprobación de esta ley por parte del gabinete israelí, muchas tierras palestinas en Cisjordania serán sometidas a un nuevo estudio por parte de la Autoridad de Asentamientos de Smotrich. Si los propietarios palestinos no pueden demostrar su propiedad, serán declaradas tierras estatales, lo que facilitará la aceleración de la actividad de instalaciones. 

Esta decisión no solo facilita la expansión, sino que también se considera parte de los esfuerzos de Smotrich por imponer la soberanía de facto en Cisjordania y eliminar lo que él llama "la amenaza de un estado terrorista palestino".

Y por si todo lo anterior fuera poco, aquí está la gota que colma el vaso para los palestinos en más del 65 por ciento de Cisjordania. Esta semana, antes del receso parlamentario de verano, la Knéset israelí votará a favor de la resolución para "imponer la soberanía israelí en Judea y Samaria" (Cisjordania), instando al gobierno a impulsarla.

Este proyecto de ley se presentó a la Knéset israelí en marzo pasado y fue aprobado por el Presídium de la Knéset. Aunque el anuncio es meramente simbólico (una propuesta en la agenda sin fuerza legal), se produce en un momento político y de seguridad delicado, y pretende impulsar el debate sobre la anexión de Cisjordania dentro del marco legislativo y político israelí.

Se trata de un acontecimiento significativo con importantes implicaciones políticas, especialmente tras la decisión de la Knéset hace varios meses de votar abrumadoramente en contra del establecimiento de un Estado palestino. Votar una resolución formal que apoya la soberanía israelí en Cisjordania prácticamente acabaría con la idea de un Estado palestino.

Los miembros de la Knéset que respaldan esta propuesta podrían haber querido también indicar al presidente Trump que existe una mayoría en la Knéset que apoya la soberanía sobre Cisjordania, evitando así al gobierno estadounidense la vergüenza que merece y animándolo a abrazar públicamente la idea, como si respondiera a la voluntad popular general en “Israel”.

Lo más probable es que Netanyahu, aunque personalmente no se opone a la anexión, no la anuncie explícitamente ahora y deje que siga su curso, hasta después del fin de la guerra, cuando pueda adoptarla e impulsar su legislación.

En cualquier caso, la anexión de Cisjordania ya no es un objetivo que “Israel” busca alcanzar. Más bien, se ha convertido en una realidad imponente, sin poder para frenarla. 

Las fuerzas de la derecha sionista seguirán impulsándola con todas sus fuerzas, hasta el punto de estar más cerca de su aplicación legal. Sin duda, el apoyo de Estados Unidos y del presidente Trump a esta medida la convertirá en realidad, después de haber sido un sueño para muchos en “Israel”.