A finales de este mes de octubre, la Asamblea General de Naciones Unidas estará considerando por trigésimo cuarta vez consecutiva la resolución cubana que exige poner fin al criminal Bloqueo económico, comercial y financiero que, desde hace casi siete décadas, sostiene Estados Unidos contra Cuba. Aunque no tiene implicaciones prácticas inmediatas, dado el carácter no vinculante de las resoluciones adoptadas por la Asamblea General, esta resolución sirve como una expresión simbólica del rechazo mayoritario de la comunidad internacional contra el Bloqueo norteamericano a Cuba.

Los impactos acumulados del Bloqueo de Estados Unidos contra la isla caribeña son amplios y palpables, pero con la actual administración la persecución ha llegado a niveles sin precedentes. Las Órdenes Ejecutivas del 29 de enero y el 1ro de mayo de 2026 han establecido un cerco petrolero de facto sobre la vida del país y un sistema de sanciones secundarias que han forzado la retirada de la isla de numerosas empresas, algunas de las cuales llevaban décadas operando en la economía cubana. Adicionalmente, con una frecuencia quincenal, el departamento del Tesoro y el departamento de Estado han estado anunciando nuevas sanciones contra Cuba. Dichas sanciones abarcan múltiples empresas del sector financiero, comercial, energía, minería, transporte, construcción, etc e incluyen a directivos y funcionarios de diversas empresas, ministerios, etc. 

Todo esto ha llevado a un escenario de sostenido agravamiento de la situación material de vida en la isla. Los cortes de electricidad pueden durar más de 20 horas en numerosos lugares y la vitalidad de los servicios básicos de salud, transporte, agua potable, etc, se han visto gravemente comprometidos. El overcompliance de las empresas, que lleva a que muchas eviten cualquier vínculo con Cuba para no exponerse a posibles sanciones, ha llegado incluso a las grandes navieras que transportan carga a la isla. El resultado es una compleja situación alimentaria y un deterioro crítico de servicios esenciales.

Aunque el gobierno cubano no está de brazos cruzados y se han dado pasos concretos para enfrentar esta situación, con algunos resultados en materia de generación solar y producción de alimentos, la situación no deja de ser particularmente compleja y muy tensa. Añadiéndose, además, al cerco recrudecido la amenaza de agresión militar que, cada cierto tiempo, reflotan figuras políticas y mediáticas en Estados Unidos.

En este escenario, la votación de este año en la Asamblea General gana particular relevancia para Washington y La Habana, por razones contrapuestas.

Para Washington, y particularmente para el secretario Rubio, esta votación es una excelente oportunidad para promover su agenda de aislamiento y agresión. El deterioro del patrón de votación, con un aumento de ausencias, abstenciones y votos en contra, sirve para sustentar el relato de la “dictadura” que se está quedando sola. Para lograr este fin, el Departamento de Estado ha llegado a niveles sin precedentes. Tanto en público como en privado se han lanzado advertencias a los Estados miembros y a sus representantes en Nueva York sobre los costos que tendría mantener su tradicional posición de voto a favor en la resolución cubana. 

Por poner solo un ejemplo, la página del Departamento de Estado informaba este 13 de octubre sobre una conversación entre el secretario de Estado norteamericano y el presidente de El Salvador, donde, según refiere el propio comunicado: "El Secretario destacó que el régimen cubano no llevará a cabo las reformas que el pueblo cubano merece mientras crea que la comunidad internacional está de su lado". 

Sin lugar a dudas con el actual secretario de Estado el tema Cuba ha ganado una proyección desmedida en la política internacional de los Estados Unidos, al punto de ser incluido como un punto de conversación en reuniones de alto nivel con mandatarios y otras relevantes figuras políticas de terceros países. Muy probablemente esto guarde relación con las aspiraciones políticas de cara a 2028 y los muy estrechos vínculos del secretario Rubio con el denominado exilio histórico de La Florida.

A la par de la activa, y agresiva, agenda bilateral desplegada para erosionar el voto en la resolución cubana, también desde Washington se han activado a las diversas organizaciones, medios y figuras construidos y financiados para la promoción de la agenda anticubana. Esto ha provocado una activa campaña de pronunciamientos, noticias, peticiones, eventos, etc, tendientes todos a promover una visión totalmente negativa del país, justificar o negar directamente el Bloqueo y la política de cerco recrudecido y solicitar a los países votar en contra de la resolución, argumentando que el voto a favor sería “apoyar a la dictadura”.

Más allá de la efectividad que pueda tener, todo lo que está ocurriendo evidencia cuán hostil es la política exterior de Washington hacia Cuba en este momento. La agresión es multidimensional, comprende todos los escenarios y no hace ascos a usar cualquier medio con tal de lograr sus fines políticos.

En contraste, Cuba necesita demostrar que no está sola y, como pequeño país agredido, necesita reivindicar y hacer valer los principios contenidos en la Carta de las Naciones Unidas. La victoria de la resolución contra el Bloqueo, y no me cabe duda de que será una nueva victoria, evidenciará como, a pesar de todo, los Estados Unidos no han logrado dejar aislada a la isla rebelde. Aunque no romperá el cerco, reafirmará la dignidad y verdad del reclamo cubano, apoyado por la mayoría de la comunidad internacional y dificultará cualquier intento de promover una agenda de agresión directa contra la isla intentando presentarla como un Estado paria dentro de la comunidad internacional.

Por supuesto, los cubanos no somos ingenuos. Sabemos que frente al imperialismo no bastan las resoluciones de la Asamblea General de la ONU. Por eso nos preparamos para defendernos y buscamos nuevas vías de romper el cerco y sacar adelante nuestro proyecto soberano de justicia social. La victoria en la ONU servirá como un nuevo espaldarazo moral que reafirme la verdad de la causa que sostenemos. Aquellos que abandonen su posición histórica o cambien el voto en cuestiones que, supuestamente, eran de principios, sea por temor o sea por beneficio, son los que tendrán que responder ante sus pueblos y ante la historia.