La firma del Acuerdo de Paz en septiembre de 2016 entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) parecía el ansiado brote de la esperanza en un país caracterizado por dirimir todas las controversias políticas, sociales y hasta personales a través de la violencia.

Sin embargo, apenas unos días después, el resultado del plebiscito que buscaba refrendar lo pactado dio al mundo una incomprensible señal que expresaba la complejidad de una sociedad marcada por la guerra desde la fundación de su República. 

Ante la pregunta: ¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?, el 50,21% de los votantes dijo NO, mientras que el 49.78% dijo Si. Pero lo más notable de ese ejercicio fue el nivel de abstención. El 62.6% de los votantes decidió no participar. Es decir, de los 34.8 millones de colombianos que estaban registrados para ejercer su derecho, sólo participaron 13 millones, la tercera parte de la población en un ejercicio de cara a la paz.

¿Cómo es posible que dos terceras partes de un país que en sus últimos 60 años de vida sufrió una guerra que provocó casi un millón de muertos, 7 millones de desplazados, cerca de 200 mil desaparecidos y más de 34 mil secuestrados, diera la espalda a la paz?

Mucho se ha escrito sobre este extraordinario fenómeno. Son muchas las investigaciones que explican cuestiones de profundo calado cultural acrecentadas por los efectos sociales de décadas de exclusión, explotación e ignorancia, hasta las revelaciones sobre las estrategias de comunicación desarrolladas por los promotores del No, los mismos que han vivido de la guerra por décadas.

Lo cierto es que, tras la firma de la paz entre el gobierno y la mayor guerrilla del continente americano, y tras el resultado del plebiscito, Colombia pasó en apenas unas semanas de la esperanza al desasosiego, y ha vivido en ese limbo en los últimos cuatro años.

El grito de los muertos

A pesar de que el Acuerdo no se refrendó, el gobierno maniobró para llevar adelante el histórico pacto. Los promotores del No fueron llamados para exponer y eventualmente introducir sus reclamos, mucho de los cuales fueron aceptados, excepto aquellos que iban a contravía de lo negociado durante más de cinco años en Cuba. La paz echó a andar.

Sin embargo, estos casi 4 años de post acuerdo no han dado señales de que el país esté en camino de alcanzar una paz definitiva y estable. Aunque se desmovilizaron más de 13 mil combatientes de la hoy extinta guerrilla y las zonas de guerra y los enfrentamientos disminuyeron lógicamente, el país vive envuelto en una ola de violencia que no cesa.

Uno de los sectores que más ha sufrido el rebrote de la violencia son los líderes sociales. En esta categoría se incluyen líderes campesinos y comunales, muchos de ellos defensores del Acuerdo en lo referente a la eliminación de los cultivos ilícitos y en la restitución de tierras; líderes medioambientalistas, defensores de derechos humanos, líderes de juntas comunales, líderes indígenas, sindicalistas, defensoras de los derechos de la mujer, entre otros.

Según varias fuentes como el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la PAz (Indepaz), los líderes sociales asesinados desde la firma de la paz hasta hoy sobrepasan los 700. Sin embargo, el diario El Espectador, uno de los de mayor circulación en el país, publicó en su portada los nombres de 442 líderes sociales que han muerto violentamente tras la firma de la paz. Más allá de la exactitud de los números y de la diferencia entre las fuentes, las cifras expresan una tragedia.

A todo lo anterior se suma el asesinato de 201 ex combatientes de FARC y 40 familiares de ex guerrilleros en estos años de "paz", lo que adiciona una preocupación mayor por lo que significa en términos de cumplimiento con puntos acuerdados en las negociaciones de La Habana. Recordemos que el gobierno actual representa a los que en estos años han tratado de hacer trizas el Acuerdo".

La situación tiende a empeorar. No se aprecian esfuerzos realmente sinceros y certeros del gobierno para revertir este flagelo. Incluso existen evidencias que relacionan muchos de estos asesinatos con intereses políticos y/o económicos de sectores afines o con vínculos con el ejecutivo y el partido de gobierno. En lo que va de este año, 138 líderes sociales han sido muertos en hechos de violencia, sin que se vea freno a la matanza.

Distintas instituciones internacionales se han pronunciado al respecto, exigiendo al gobierno del presidente Iván Duque respeto por la vida, garantías para el ejercicio seguro de las funciones de estas personas, más acción y presencia del estado en los territorios y menos impunidad.

La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia ha sido una de las instancias internacionales que ha criticado con fuerza la actual situación de derechos humanos que vive Colombia. Igualmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado sus preocupaciones. En ambos casos, el gobierno de Iván Duque ha rechazado los señalamientos y no se aprecia un cambio de rumbo en la materia.

Ni siquiera la pandemia, con sus más de 63 mil casos confirmados y más de 2 mil muertos, ha mermado los niveles de violencia en el país. Además de los asesinatos de ex guerrilleros y activistas sociales, las mujeres son otro sector martirizado por patrones patriarcales de conducta enraizados en la sociedad colombiana. Desde el 25 de marzo hasta el primero de junio han sido asesinadas en Colombia 42 mujeres solo por su condición de género.

Pero se hiciera falta otro indicador de la degradación social y su violencia intrínseca, bastaría observar las muestras de intolerancia irracional contra profesionales de la salud colombianos. A pesar de que enfrentan la pandemia dentro de un sistema incapacitado para hacerlo y con muy bajos niveles de bioseguridad, los profesionales de la salud colombianos están siendo víctimas de acoso y violencia verbal y física en sus comunidades por el supuesto peligro que representan en términos de contagio.

En 1998 el escritor colombiano Gabriel García Márquez apuntó: "Ya es hora de entender que este desastre cultural no se remedia ni con plomo ni con plata sino con una educación para la paz". Y esa educación solo será posible cuando las mayorías excluidas decidan emprender los cambios que dejen atrás la desigualdad y la falta de oportunidades. 

De lo que se trata es de cambiar un sistema que desde el siglo XIX sólo ha favorecido a unas pocas familias, sus empleados y el ejército, sectores que han apelado a la violencia, por acción u omisión, para defender sus privilegios. Esos son los verdaderos responsables de la tragedia colombiana.